El gobierno porteño dispuso que, ante una medida de fuerza gremial, los servicios de subtes, colectivos y recolección de basura deberán garantizar niveles mínimos que van del 50 al 75% de su funcionamiento operativo. Lo hizo a través de un decreto del jefe de Gobierno, Jorge Macri, con el objetivo de «neutralizar el impacto de los paros en áreas críticas que afectan el día a día de los porteños y de quienes entran y salen de la Ciudad».
El decreto adhiere a las modificaciones de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que determina qué sectores revisten carácter de «esencial» y cuáles representan «actividades de importancia trascendental», e impone la obligatoriedad de prestar servicios mínimos que van del 50% al 75%. De esta manera, la norma evita la interrupción total de las prestaciones frente a conflictos sindicales.
Las empresas de recolección de residuos, consideradas como un servicio esencial, deberán asegurar una cobertura mínima del 75%.
El transporte público de pasajeros –tanto colectivos como subte y Premetro– fue catalogado como una actividad de “importancia trascendental”, por lo que el decreto establece que, ante cualquier huelga o reclamo gremial, se deberá garantizar una prestación mínima del 50%.
“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Para poner en marcha la normativa, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a definir junto a la empresa concesionaria Emova las modalidades operativas bajo las cuales se garantizarán los trenes en circulación.
Además, se informó que la Secretaría de Trabajo y Empleo, que depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad, recibió la orden de «arbitrar los medios necesarios y convocar a las partes involucradas para asegurar el estricto cumplimiento de los porcentajes fijados por la normativa vigente».
Como ocurrió la semana pasada con la ley que endurece las penas contra trapitos y limpiavidrios, y con la adhesión de la Ciudad a las nuevas normativas para desregular el servicio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el Gobierno porteño vuelve a seguir los pasos del nacional con reformas y desregulaciones.
Ambas iniciativas contaron con los votos del bloque libertario en la Legislatura porteña, que lidera Pilar Ramírez, que responde a Karina Milei, y en oportunidades pasadas había votado en contra de proyectos del Ejecutivo, como el Código Urbanístico y el Presupuesto 2025.
En el mismo sentido, la Legislatura porteña también votó la Ley Hojarasca en la Ciudad, que deroga más de 30 leyes, múltiples ordenanzas y artículos obsoletos o en desuso para desburocratizar y simplificar el sistema normativo porteño y fue impulsada por Ramírez.
Ahora se suma a la la ley de Modernización Laboral de la Nación, que introdujo modificaciones al artículo 24 de la también ley nacional 25.877, que regula los convenios colectivos de trabajo que puedan afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, y establece garantías para la prestación de los servicios mínimos afectados.
El decreto de Jorge Macri, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, también lleva la firma de los ministros de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.
