La ciudad de San Antonio, una de las más importantes de Texas, se encuentra en una encrucijada financiera crítica. Ante un inminente déficit presupuestario de casi 158 millones de dólares para los próximos dos años, la administración municipal ha presentado un plan de emergencia que contempla aumentar el impuesto a la propiedad hasta el límite máximo legal permitido, eliminar cientos de puestos de trabajo y congelar los salarios de los empleados civiles.
El desequilibrio financiero responde a un fenómeno estructural: los gastos municipales están creciendo a un ritmo muy superior al de los ingresos. Este año, la ralentización de la economía provocó una caída del 2,1% en los valores catastrales imponibles de la ciudad, golpeando directamente la recaudación de un impuesto que representa el 30% del fondo general de San Antonio.
El administrador de la ciudad, Erik Walsh, advirtió que para cerrar la brecha de 158 millones de dólares la ciudad deberá presionar tanto la recaudación como el gasto. El borrador del presupuesto plantea un camino de dos años con dos alternativas extremas sobre la mesa:
Por un lado, la opción de aumentar las tasas al máximo legal permitido generaría 124,8 millones de dólares adicionales en dos años, lo que significaría un costo extra de 81 dólares anuales para el propietario promedio, aunque eximiría al 46% de los hogares integrados por adultos mayores o personas con discapacidad que tienen sus tarifas congeladas. Por otro lado, un esquema basado puramente en recortes operativos ahorraría 137,7 millones de dólares pero obligaría a eliminar 209 puestos municipales, dejando a 132 empleados activos en la calle de forma inmediata. A esto se sumaría un incremento de tarifas y nuevas tasas para recaudar otros 21,9 millones de dólares, aumentando el costo del traslado de emergencias médicas (EMS), cobrando un pase de 10 dólares por el uso de la biblioteca a personas que no residan en la ciudad y trasladando los costos operativos de los eventos de la Fiesta a las organizaciones asociadas.
Si el Concejo Municipal rechaza la suba de impuestos, la alternativa de recortes puros obligará a aplicar una congelación estricta de contrataciones y salarios para todo el personal civil durante los próximos dos años, además de suspender los ajustes por costo de vida.
El plan de acotación de gastos ha puesto bajo la lupa el financiamiento público a entidades culturales y recreativas privadas que cobran entrada. La administración sugirió reducir el apoyo al Jardín Botánico de San Antonio de 1,2 millones de dólares a 1 millón, y el subsidio al Festival del Libro de San Antonio de $150.000 a $100.000.
Sin embargo, la alcaldesa Gina Ortiz Jones se mostró partidaria de eliminar por completo estas partidas:
«Si eres una entidad privada que cobra una tarifa por entrada, vas a estar bien. Muchas de estas cosas, francamente, no deberíamos financiarlas en absoluto. No digo que no necesitemos un festival del libro, pero estas no son cosas que el público deba pagar. ¿No pueden hacerse cargo las corporaciones, la filantropía o las fundaciones?», cuestionó Jones.
La alcaldesa también criticó la propuesta de transferir $7,3 millones de gastos de mantenimiento de calles hacia el presupuesto de capital financiado con deuda (bonos), comparándolo explícitamente con «pagar los gastos corrientes con la tarjeta de crédito».
A pesar de los severos recortes en bibliotecas, tribunales municipales y servicios comunitarios, el presupuesto de seguridad pública de San Antonio (policía y bomberos) crecerá en 80 millones de dólares durante los próximos dos años.
Este incremento está blindado por convenios colectivos preexistentes que exigen mejoras obligatorias en los beneficios de atención médica de los uniformados. Lo paradójico del caso es que este millonario desembolso extra se destinará por completo a cubrir los beneficios del personal actual, sin incorporar un solo oficial de policía adicional a las calles de la ciudad.
El ala conservadora del Concejo Municipal, liderada por Marc Whyte, se opone tajantemente a la suba de impuestos calificándola como un «parche temporal» que no resuelve el problema de fondo, ya que las proyecciones reflejan que San Antonio seguirá enfrentando un déficit de 155 millones de dólares para el año 2031. Por su parte, los sectores progresistas rechazan los despidos masivos alertando sobre el drama social de dejar a 132 familias trabajadoras sin sustento. El borrador definitivo del presupuesto se presentará formalmente el 13 de agosto, dejando la votación final para el mes de septiembre de 2026.
