Trump firmó una orden ejecutiva que cambia las reglas para agricultores en EE.UU.

El presidente Donald Trump quiere darle mayor velocidad a la adopción de la agricultura regenerativa mediante incentivos económicos. Según el plan, los productores que adopten estas prácticas de manera voluntaria podrán acceder a nuevos mercados y obtener un mayor valor por el maíz, la soja, el sorgo y la canola destinados a producir biocombustibles.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), informó que el gobierno busca generar una prima en el precio para los agricultores que adopten prácticas regenerativas y abastezcan al mercado de combustibles limpios.

La secretaria del USDA, Brooke L. Rollins, anunció la norma definitiva sobre materias primas regenerativas (Regenerative Feedstock Rule), como “una medida histórica que ayudará a los agricultores a obtener voluntariamente un nuevo valor a partir de prácticas agrícolas regenerativas mediante los mercados de biocombustibles”.

“La norma del USDA sobre materias primas regenerativas anunciada hoy pone a los agricultores —y no a los burócratas de Washington— al mando. En lugar de imponer mandatos, estamos creando oportunidades de mercado. Los agricultores que decidan implementar prácticas regenerativas tendrán nuevas oportunidades para obtener precios superiores, reducir sus costos de insumos, mejorar la salud del suelo y fortalecer la rentabilidad a largo plazo de sus operaciones”, sostuvo Rollins.

Para Rollins “esto es exactamente en lo que consiste la agenda Estados Unidos Primero (Make America Great Again, o MAGA) del presidente: empoderar a agricultores y ganaderos, apoyar a las comunidades rurales, fomentar la reducción de costos de insumos, mejorar la rentabilidad agrícola e impulsar la agricultura regenerativa”.

En sentido, el USDA explicó que la Regenerative Feedstock Rule establece un marco para vincular las prácticas de agricultura regenerativa con nuevos mercados dentro de la cadena de suministro de biocombustibles.

La norma establece lo siguiente:

  • Cuantificación a nivel de campo de la intensidad de carbono específica del cultivo.
  • Directrices de cadena de custodia basadas en el balance de masas, incluyendo la trazabilidad y el mantenimiento de registros.
  • Requisitos de auditoría y verificación.
  • Directrices sobre prácticas de agricultura regenerativa para los cultivos incluidos.

En paralelo, el USDA lanzó una versión actualizada de la Calculadora de Intensidad de Carbono de Materias Primas (USDA FD-CIC) para ayudar a los productores a cuantificar prácticas regenerativas, tales como cultivos de cobertura, gestión mejorada de nutrientes y labranza de conservación (incluyendo la siembra directa y la labranza reducida).

“Los productores pueden utilizar los informes resultantes al comercializar materias primas elegibles con productores de biocombustibles participantes”, explican desde la agencia.

El USDA aseguró que los agricultores producen aproximadamente 6.000 millones de bushels de maíz destinados anualmente a la producción de etanol, y el 68% de los productores de maíz ya implementa al menos una práctica regenerativa.

Asimismo, producen cerca de 1.800 millones de bushels de soja para biocombustibles, con un 70% de los productores de soja ya utilizando al menos una práctica regenerativa. A medida que aumente la participación, el USDA espera que la norma amplíe las oportunidades de mercado con valor añadido para los productores de todo el país.

“Estas acciones se basan en el Programa Piloto de Agricultura Regenerativa del USDA, que destinó 700 millones para ayudar a los agricultores estadounidenses a adoptar prácticas que mejoran la salud del suelo y la calidad del agua, además de impulsar la productividad a largo plazo, todo ello fortaleciendo el suministro de alimentos y fibras de Estados Unidos.

En el marco de este programa piloto, el USDA ya ha completado más de 67.000 planes de conservación para explotaciones agrícolas integrales, abarcando más de 49 millones de acres y más de 1.500 contratos de conservación por un valor superior a los 200 millones”, completaron desde el gobierno de Trump.

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