El caso del jugador de fútbol Brendan Sorsby vuelve a ocupar los titulares. Ahora el fiscal general, Ken Paxton, advirtió a la Conferencia Big 12 y a las universidades que tendrían que pagar indemnizaciones y honorarios por unos 200 millones de dólares si intentan sancionar a la Universidad Tecnológica de Texas.
En abril, el panorama del fútbol americano universitario (NCAA) fue sacudido por un anuncio oficial de Texas Tech: su flamante mariscal de campo, Brendan Sorsby, debía abandonar el equipo para ingresar a un programa de tratamiento por adicción al juego.
Entonces, se conocieron reportes de que Sorsby habría realizado miles de apuestas a través de una aplicación móvil, incluyendo algunas a favor de su antiguo equipo, la Universidad de Indiana. Aunque no jugó en los partidos en los que había apostado, las reglas de la NCAA son estrictas y prohíben estas prácticas.
El 8 de junio de 2026 un tribunal de Texas prohibió a la NCAA impedir que Brendan Sorsby practicara, jugara o participara en el equipo de fútbol americano de Texas Tech durante la presente temporada.
Entonces, según pudo saber Paxton, la Conferencia Big 12 estaba considerando sancionar a Texas Tech por acatar la orden judicial provisional y seguir dando su apoyo a Sorsby. Para el fiscal general esta es una conducta ilegal.
En la carta dirigida a la Conferencia Big 12, Paxton deja en claro que cualquier sanción de este tipo constituiría un acuerdo horizontal entre competidores para perjudicar a Texas Tech, lo cual es una conducta ilícita per se, prohibida tanto por la legislación antimonopolio estatal como federal.
Advierte que “la Conferencia y sus universidades miembro se enfrentarían a indemnizaciones triples, que incluyen la pérdida de ingresos por fútbol de Texas Tech, el perjuicio a las contribuciones de los exalumnos y el daño al reclutamiento, además de los honorarios de los abogados, que podrían superar los 200 millones”.
Dice también que “cualquier acción de la Conferencia que resultara en la cancelación, la pérdida o la modificación de los partidos programados de Texas Tech constituiría un incumplimiento de contrato”.
Destaca por otra parte que “la interferencia con los acuerdos de patrocinio, los compromisos de venta de entradas y otras relaciones comerciales de la universidad expondría a la conferencia a demandas por interferencia ilícita”.
Explica que “Texas Tech actuó conforme a una orden judicial legítima y ninguna conferencia deportiva tiene derecho a castigar a una institución miembro por respetar el proceso judicial”.
Agrega: “Las leyes antimonopolio existen precisamente para prevenir este tipo de acciones ilegales y coordinadas que buscan perjudicar a un competidor. Cualquier intento de la Conferencia Big 12 de sancionar a Texas Tech por acatar el resultado de una demanda en la que no fue parte tendría graves consecuencias legales”.
Sorsby llegó a Texas Tech como la pieza final para que el equipo defendiera su título de la Big 12. En su carrera (repartida entre Indiana y Cincinnati), acumula 7.208 yardas por aire y 60 touchdowns, además de ser proyectado como una selección alta para el Draft de la NFL de 2027.
Por ahora, su futuro permanece incierto. Mientras la institución protege la integridad de su proceso de recuperación, el mundo del deporte universitario observa con atención un caso que pone de relieve los riesgos de la proliferación de las apuestas legales en los campus de todo Estados Unidos.
