No hay ningún otro juicio oral que arrastre tantas idas y venidas y paradojas judiciales como el de Hotesur-Los Sauces. Y preocupación en todos los niveles de la Justicia, incluso hasta la Corte. Por eso los ojos de jueces y fiscales apuntan a la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el 15 de octubre si el juicio oral y público por las causas Hotesur-Los Sauces debe dividirse en dos -como resolvió el Tribunal Oral Federal 5, a cargo del proceso- o si el debate tiene que llevarse adelante en forma conjunta, como sostiene la fiscalía.
Se trata del tercer juicio oral en que Cristina Kirchner volverá a sentar en el banquillo de los acusados. Pero esta vez incluirá a su hijo Máximo Kirchner. También están imputados los empresarios K Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, coimputados con ella en otros procesados.
Pero, más allá de las formalidades, la jugada del tribunal oral —que tiene el expediente hace siete años causó malestar en los pasillos del palacio de Tribunales y en Comodoro Py y, sobre todo, en el Ministerio Público Fiscal, por las implicancias y las especulaciones que se disparan.
El fiscal de juicio Diego Velasco, que venía reclamando desde hace años la realización del juicio, ya dejó planteada su oposición a la división del debate en un extenso recurso. Advirtió que el desdoblamiento modificó “una modalidad de juzgamiento previamente establecida” y provoca un gravamen para “el ejercicio de la acusación pública”, porque ambos expedientes describen maniobras “entrelazadas” en torno a una misma “asociación ilícita”.
La complicación para el Ministerio Público fue leída en diferentes esferas como, también, contradictoria: “¿El Gobierno defiende la implementación del sistema acusatorio en todo el país, ya se aplica en once jurisdicciones, ya se postergó dos veces en Comodoro Py 2002 y en este juicio buscan debilitar a los fiscales?”, comentaban puertas adentro del Poder Judicial.
Otra de las extrañezas que se observaron en este proceso fue que se le haya puesto fecha de inicio a los dos debates (Los Sauces, el 23 de octubre próximo; Hotesur, el 19 de marzo de 2027) como si fueran juicios orales efectivamente independientes. “¿El tribunal va a dictar un veredicto entre el primero y el segundo? ¿Qué pasaría si se dictan absoluciones en el primero de los debates?”, se preguntan en este escenario.
El fiscal quiere uno solo juicio y que arranque el 23 de octubre de este año y sospecha que se quiere dividir los casos para tratar de disminuir eventuales penas. A Máximo se le vence el mandato de diputado en diciembre del año próximo y para eventualmente no ir preso, necesita renovar sus fueros. Todas éstas idas y venidas le dan más tiempo, afirmaron las fuentes que buscan interpretar la jugada.
La decisión de los jueces del Tribunal OralJosé Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti se observa, también, a la luz del calendario electoral: después de insistentes pedidos de la fiscalía para llamar a juicio oral, recién el 4 de septiembre citaron a una audiencia a todas las partes, en donde detallaron que las audiencias iban a ser presenciales y tres días por semana, como parte de fijar las reglas del proceso.
El fiscal insistió en poner fecha de inicio, pero el tribunal aclaró que todavía resta la finalización de algunos trabajos periciales. “Estamos en la misma sintonía, doctor. Todos queremos que esto inicie”, le contestó Michilini. Es decir: se establecieron pautas mínimas sobre días de audiencias, pero nada se dijo sobre una división del juicio ni de cuándo comenzaría.
En el interín, dos semanas después, la Cámara Federal de Casación, con la firma de Daniel Petrone, Javier Carbajo y Angela Ledesma, citó a una audiencia para el 15 de octubre: iba a revisar una apelación previa de Velasco para obligar al inicio del juicio.
En ese contexto, el TOF 5sorprendió a todos con su polémica decisión: la división del debate y la convocatoria con fecha y hora: 23 de octubre a las 10:00 para Los Sauces (la inmobiliaria de los Kirchner); el 19 de marzo de 2027, a la misma hora, para Hotesur.
Para el TOF, “las causas conservan objetos procesales distintos, aun cuando presenten un marco histórico común, algunos imputados coincidentes y determinados puntos de contacto probatorio”.
“Cambian la mecánica atribuida, los negocios jurídicos, los bienes, las sociedades intervinientes, una parte de los sujetos y una de las fuentes de fondos. A modo de síntesis, puede colegirse que cada acusación puede ser comprendida, probada y decidida sin necesidad de resolver simultáneamente la totalidad de la otra”, se añadió.
“¿Por qué iniciar antes el juicio de una causa que empezó después?”, apuntaron fuentes judiciales. Hotesur empezó después de Los Sauces.
Otras se preguntaron si hay vínculos políticos detrás. Recordaron que María Soledad Garibaldi, esposa del juez Michilini, juró como jueza de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, en la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y que su designación fue firmada por el ministro de Justicia bonaerense y operador judicial de Cristina Kirchner, Juan Martín Mena.
La causa fue unificada por pedido de las defensas
La causa Hotesur comenzó en noviembre de 2014, cuando Cristina presidía el país y fue denunciada por la entonces diputada Margarita Stolbizer por presunto lavado de dinero y negociaciones incompatibles a través de la empresa hotelera de la familia Kirchner. Y la causa Los Sauces.
En tanto, comenzó en abril de 2016 (también tras una denuncia de Stolbizer), enfocada en la inmobiliaria familiar bajo la sospecha de pagos de alquileres por parte de empresarios contratistas de obra pública (como Cristóbal López y Lázaro Báez) a cambio de beneficios en obras públicas y otros contratos con el Estado. Máximo firmaba los cheques de Los Sauces.
En forma paradójica, los expedientes se unificaron formalmente a mediados de 2017 a pedido de las defensas, que planteaban la conexidad.
Inicialmente, el juez Julián Ercolini lo había rechazado, pero finalmente los reclamos de los letrados defensores y los dictámenes de los fiscales del caso, que sumaban pruebas comunes, terminaron sellando la unificación tras advertir una conexión evidente entre ambas.
Los dos expedientes fueron elevados a juicio oral -en 2018 y 2019- y quedaron en manos del Tribunal Oral Federal 5.
En noviembre de 2021, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg (con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti) decidieron sobreseer en forma polémica a Cristina -entonces vicepresidenta-, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y al resto de los acusados sin realizar el juicio oral. Obligado y Grünberg, en otros fallos, ya habían beneficiado a funcionarios K.
Consideraron que no hubo delito precedentemente probado en los alquileres y que la normativa sobre lavado de dinero aplicada no se correspondía con los hechos investigados, atando gran parte de su razonamiento a los peritajes contables.
Pero en septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, -tribunal superior del TOF- revocó los sobreseimientos -salvo el de Florencia Kirchner- y dispuso la realización del juicio oral, al señalar que los magistrados del tribunal oral habían dictado un fallo prematuro y habían omitido valorar prueba central ofrecida por las querellas y la fiscalía.
Una vez decretada la conexidad, los expedientes siempre se analizaron como una megacausa.
Por eso llamó ahora la atención la división de los procesos justo al momento del inicio del debate, en un contexto atravesado por movimientos políticos vinculados al tratamiento de pliegos de jueces enviados por el Poder Ejecutivo –alguno que intervino en estos fallos- y a la expectativa por las vacantes pendientes, entre las cuales hay una precisamente en el Tribunal Oral Federal 5
