Las tarifas de gas natural tendrían en octubre un aumento promedio del 2,24% para los usuarios residenciales de todo el país, según el cálculo expuesto este lunes ante el directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) por los técnicos. La estimación supone que el Gobierno mantendrá la estructura de subsidios vigente en septiembre, cuando la suba promedio había sido del 1,4%.
Para la electricidad, el ente informó un ajuste del 2,41% en el componente de distribución de Edenor y del 2,34% en el de Edesur. Esos porcentajes todavía no representan el aumento final de las boletas: falta conocer si la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, modificará el precio mayorista de la energía. En septiembre, la suba promedio de la tarifa eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires había sido del 1,75%.
El cálculo para octubre no incluye los cambios al régimen de subsidios de Zonas Frías aprobados por el Congreso. La reforma todavía necesita reglamentación y, según se explicó en la reunión, aún no están definidos los porcentajes necesarios para trasladarla a las tarifas.
La estimación del 2,24% combina varios factores. Según se informó en la reunión, contempla una variación del 1% del tipo de cambio sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), una actualización del 1,9% calculada con los índices de precios al consumidor y mayoristas para los componentes de transporte y distribución, y la cuota correspondiente a la revisión tarifaria quinquenal.
También incorpora la segunda actualización bimestral de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Ese mecanismo permite trasladar a las tarifas la diferencia entre el precio del gas reconocido en las facturas y el costo que efectivamente afrontaron las distribuidoras. El Gobierno acortó este año la periodicidad del ajuste: mientras dure la emergencia energética, las diferencias se incorporan cada dos meses, en lugar de hacerlo cada seis. En esta etapa se incluyen costos asociados al gas natural licuado importado durante el invierno.
La reforma sancionada días atrás por el Congreso podría modificar las facturas de unos 4,1 millones de usuarios cuando entre en vigencia. Dentro de ese universo, 1,16 millones dejarían de recibir el beneficio, según las estimaciones difundidas sobre el alcance de la ley.
El régimen original comprendía a unos 940.000 usuarios de la Patagonia, Malargüe y La Puna. Su ampliación en 2021 extendió los descuentos a otras regiones y elevó el número de beneficiarios. La nueva ley conserva la protección de las zonas originales, pero cambia las condiciones para parte de los usuarios incorporados posteriormente: el acceso al beneficio pasará a depender de los ingresos familiares y de un volumen de consumo considerado indispensable. También concentra el descuento en el costo del gas, sin extenderlo a los componentes de transporte y distribución.
Para conseguir la aprobación del Congreso, el Gobierno negoció con los gobernadores del norte un subsidio a la energía eléctrica para el período entre noviembre y abril. Ese subsidio, denominado Zonas Cálidas, no entró en el proyecto de Zonas Fías y debe ser promovido ahora por el oficialismo.
Sin precisión respecto a cuándo sucedería esa aplicación, los gobernadores comenzaron a desconfiar. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió este lunes a este tema y aseguró que será reglamentado en octubre y entrará en vigencia el 1° de noviembre.
