Javier Milei convirtió a la “moral como política de Estado” en uno de los conceptos centrales de su gobierno. La presentó como el fundamento filosófico de una nueva época: una política guiada por principios morales antes que por la conveniencia o el cálculo electoral.
Desde entonces, gran parte de la discusión pública quedó atrapada en una idea bastante extendida: que los escándalos, los conflictos de interés y las sospechas de corrupción contradicen el discurso moral del Presidente.
Pero tal vez el problema esté mal planteado desde el comienzo.
No estamos frente a la contradicción entre una moral republicana y prácticas incompatibles con ella. El problema es otro: la concepción moral de Milei nunca incorporó una ética del poder público.
Su idea de moral está enfocada en el individuo, la propiedad y el mercado. No en la función pública, los límites institucionales, la transparencia o la responsabilidad de quienes gobiernan. Por eso puede construir un discurso extremadamente rígido sobre impuestos o libertad económica y, al mismo tiempo, no tener herramientas políticas ni morales para pensar la corrupción, los conflictos de interés o el uso del Estado en beneficio propio.
Y ahí aparece el verdadero núcleo del problema.
Porque Milei sí tiene una filosofía moral. Pero es una moral privada, económica e individual. Una moral que piensa la libertad frente al Estado, pero no el modo en que debe ejercerse el poder. Una moral que desconfía de la intervención pública, pero que no desarrolla una ética republicana capaz de limitar, controlar y transparentar a quienes gobiernan.
La tradición republicana construyó históricamente otra idea de moral. Una moral basada en el cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas, la responsabilidad institucional y el control del poder público. Una ética que no se pregunta solamente si alguien puede hacer lo que quiera con lo suyo, sino si quien gobierna utiliza correctamente el lugar que la sociedad le otorgó.
Porque gobernar no es solamente administrar individuos. Gobernar es ejercer poder.
Y cuanto mayor es el poder, mayor debe ser la exigencia ética sobre quien lo ejerce.
Por eso la función pública no puede organizarse alrededor de la opacidad, el privilegio o la impunidad. El poder sin controles termina degradando inevitablemente a las instituciones.
Sin embargo, el discurso moral del mileísmo parece construido sobre otro eje. Milei definió reiteradamente a los impuestos como una forma de robo y convirtió la intervención estatal sobre la economía en una cuestión moral antes que técnica o política. Lo inmoral, dentro de esa lógica, es limitar la propiedad privada o interferir sobre el mercado. El Estado aparece casi siempre como una amenaza sobre la libertad individual.
Ese marco filosófico puede servir para pensar vínculos entre individuos. Pero resulta insuficiente para pensar los problemas centrales de una democracia moderna: la corrupción, el abuso de poder, los conflictos de interés o la captura del Estado por intereses privados.
Su moral supuestamente está diseñada para liberar al mercado, no para controlar el poder.
Pero además hay otra ausencia todavía más profunda: la desaparición del otro como problema moral.
La tradición humanista sostuvo siempre que una sociedad democrática no puede reducirse a individuos compitiendo entre sí. La política también implica empatía, reconocimiento de la vulnerabilidad y responsabilidad colectiva frente a quienes quedan atrás.
No alcanza con garantizar libertades abstractas si millones de personas viven en condiciones materiales que les impiden ejercerlas realmente. La dignidad humana no puede medirse únicamente en términos de propiedad o autonomía económica.
Por eso el endeudamiento de muchas familias, la situación de numerosos jubilados, las personas con discapacidad que dependen de prestaciones estatales o quienes necesitan acceder a medicamentos no representan solamente un problema económico. También obligan a discutir qué responsabilidades morales tiene una comunidad frente a los sectores más vulnerables.
Y tal vez ahí esté el verdadero problema de fondo.
El gobierno habla permanentemente de moral, pero reduce la moral a una sola dimensión: la libertad económica individual. En el mismo movimiento desaparecen la ética pública y la empatía social. Se debilitan los controles sobre el poder y también la responsabilidad hacia los más vulnerables.
Entonces la palabra “moral” deja de funcionar como un contrato colectivo y se convierte apenas en una justificación ideológica.
La Argentina necesita reconstruir otra conversación ética.
Una moral democrática y republicana que vuelva a poner límites claros al poder. Que entienda que la transparencia no es un detalle administrativo sino una obligación política. Que gobernar implica rendir cuentas y asumir responsabilidades.
Pero también una moral profundamente humana, capaz de mirar a quienes sufren, a quienes quedan afuera, a quienes no tienen poder para defenderse solos.
Porque una sociedad no se mide solamente por cuánto respeta la propiedad.
También se mide por cómo ejerce el poder y por cómo trata a los más débiles.
