A fines de agosto, el gobierno de Canadá decidió interrumpir las negociaciones destinadas a poner al día y mejorar el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que rige el intercambio bilateral con los Estados Unidos. Su primer ministro (PM) dijo que las inesperadas y extrañas demandas de la Casa Blanca no permitieron alcanzar un texto serio, razonable y equilibrado.
Hasta ahora nadie explicó cuáles fueron los motivos reales que tuvo el presidente Donald Trump para inducir al más fiel, confiable e histórico de los aliados de Estados Unidos a pegar un portazo y a buscar en la Unión Europea (UE), y en otras potencias intermedias, la clase de vínculos que hoy no parecen estar disponibles en su vecindario regional.
El Acuerdo original que por el momento sigue vigente es, con algunos retoques, el mismo que había sido suscripto inicialmente en Buenos Aires a fines del año 2018, ajustado en 2019 y adoptado en 2020. Para más datos, el texto que Trump solía exhibir como uno de los grandes aciertos de su primer mandato presidencial.
Pero esos imprevistos disensos no fueron los únicos agravios que perturbaron el diálogo entre ambos gobiernos. Las autoridades de Ottawa aún se preguntan qué esperaba conseguir el jefe de la Casa Blanca cuando propuso que Canadá se convierta en una provincia de los Estados Unidos.
Mientras ello sucedía, la gente empezó a darse cuenta de que la interrupción de las negociaciones comerciales podía devenir en una implosión de la economía regional. Más del 70 por ciento de las exportaciones canadienses suelen o solían dirigirse a los Estados Unidos.
Recién ahora dejó de ser visto como saldo teórico la posibilidad de que el congelamiento de las negociaciones, cuyas actuales normas y compromisos permiten generar un comercio anual que oscila entre los 1,8 y 1,9 trillones de dólares (billones en castellano), origine la progresiva demolición del intercambio y de la economía regional.
Un estallido de esa magnitud es algo más serio que jugar con fuego. La existencia de una crisis de esas características puede socavar las gigantescas redes industriales, laborales y tecnológicas creadas al amparo de los sucesivos Acuerdos de Libre Comercio (ALC) de América del Norte que nacieron hace más de treinta años.
Ningún país sensato, sostuvo Carney, puede digerir propuestas destinadas a licuar, por frivolidad o por apego a tácticas cortoplacistas, los compromisos estructurales que sirven de referencia al comercio, la inversión y la cooperación tecnológica. En la Argentina estamos familiarizados con esa enfermedad y la llamamos inseguridad jurídica.
Ian Bremmer, el CEO del Grupo Eurasia se plegó tardíamente, días atrás y con visible tristeza, al mismo diagnóstico. En lo personal, no conozco centros confiables de reflexión que tengan una mirada sustancialmente distinta. Quienes olvidan que el 70 por ciento de la opinión pública estadounidense siente verdadero afecto y respeto por sus vecinos norteños, no representan el pensar predominante de la clase política.
Además, en Canadá existe la certeza de que vivir con incertidumbre supone esmerilar la competitividad regional y llevarse puestos, por simple ignorancia, patrimonios de gran valor cultural y político como el uso del idioma francés en la provincia de Quebec, una eventualidad que estuvo en la mesa de negociaciones.
Carney fue el primero en detectar este escenario y el apego de la Casa Blanca a las recetas del más insólito aislamiento económico.
A pesar de todo, y de que mucho de este escenario pantanoso no podrá curarse así nomás, el PM se apresuró a dejar en claro que su gobierno no se opondrá a retomar las negociaciones con la Casa Blanca si ésta decide aplicar los principios de reciprocidad, simetría, buen trato y respeto tanto a la soberanía como a las tradiciones culturales de las partes involucradas en este proceso. En otras palabras, a retomar la senda de la buena educación, el sentido común y la sabiduría.
Al mismo tiempo Carney advirtió que, mientras no se registre una conducta adecuada, su gobierno seguirá buscando mercados y opciones alternativas de exportación, inversiones, cooperación tecnológica y entendimientos viables sobre asuntos estratégicos.
Bajo esa perspectiva anunció que su país intentará profundizar los lazos ya existentes con la Unión Europea (UE) y desplegar contactos y acciones similares con otras potencias intermedias, tema sobre el que ya había alertado en el Foro Davos de enero pasado (ver mis columnas anteriores).
La primera de las iniciativas que va en la nueva dirección, es la que anunciaron el pasado 17 de septiembre, en el Parlamento Europeo, la presidente de la Comisión de la UE Úrsula von der Leyen y Mark Carney. En esa oportunidad el líder canadiense sintetizó, de manera muy didáctica, los enfoques y alcances de un vínculo que podría ser el de “país asociado” a la UE con la finalidad de lograr una “alianza para el futuro”. Su presentación fue largamente ovacionada.
Obviamente, esa jugada irritó profundamente a la Casa Blanca. Donald Trump respondió de inmediato con la aplicación de represalias comerciales mucho más agresivas que las previstas al lanzar sus menús arancelarios el “Día de la Liberación” (abril de 2025).
Al redactarse esta columna, la Oficina Oval ya había prohibido (aunque las reglas de la OMC “prohiben prohibir”) la importación de algunos productos lácteos, bebidas alcohólicas y motocicletas de origen canadiense, al tiempo que circulaba el fuerte rumor de que Washington contemplaba la posibilidad de congelar la importación de aviones de la empresa Bombardier, cuyas plantas centrales están localizadas en los alrededores de la ciudad de Montreal.
De hecho, ambas naciones llevaron los aranceles de importación a una banda del 15 al 50 por ciento para un paquete de operaciones de cada lado que ronda los 20.000 millones de dólares. Con esa receta la Casa Blanca sacó del archivo la doctrina del “ojo por ojo” que desguazó la economía mundial durante la Crisis de 1930.
Quien aportó una inesperada voz en esa batahola fue Soctt Bessent, el secretario del Tesoro. Al ser interrogado por la prensa acerca de la evolución del entredicho bilateral, sostuvo que las autoridades canadienses suelen comportarse como un ruidoso pequeño perro faldero (little yippy dog) que ladra día y noche a quien, por el momento, es un calmo pastor alemán (german shepherd).
Aseguró que Canadá no tiene capacidad de provocar gran daño a los Estados Unidos en el contexto de una guerra de represalias. Alegó que la economía del país vecino es demasiado pequeña para aguantar un “tit for tat” (golpe por golpe) con una nación que posee un PBI trece veces mayor.
A quienes siguen con cierto detalle esta épica insensatez, les cuesta ver cuáles son los beneficios que aporta el echar nafta a tan peligrosa fogata. Muchos están un poco desconcertados al notar que Bessent en ningún momento intentó aventurar una gestión orientada a restaurar el camino de la convivencia pacífica.
También sonó raro que subestime la capacidad de generar miseria que tiene Canadá, que es el segundo socio comercial de Estados Unidos (México es el primero, Taiwán el tercero y China el cuarto).
A ningún especialista le parece un acto de sagacidad olvidar que Canadá abastece el 99 por ciento del gas, el 63 por ciento del petróleo y más del 81 por ciento de la energía eléctrica que habitualmente importa Estados Unidos, todos vínculos difíciles de sustituir con reacciones temperamentales. Menos, cuando el desafío se inserta en un mundo en el que prevalece una compleja inseguridad global en los campos energético, alimentario, geoestratégico y bélico.
Por otro lado, estos acontecimientos sólo fueron sorpresa para quienes ignoraron los hechos. En enero último Carney había anticipado en el Foro Davos que veía con preocupación los enfoques y acciones que estaban caracterizando el segundo mandato presidencial de Donald Trmp.
Un rato después se pudo comprobar que el PM no estaba fantaseando al anunciar que el jefe de la Casa Blanca había llegado al foro suizo con la intención de blanquear la ruptura de su gobierno con el orden liberal y la regla de la ley.
Así quedó establecido que en la Casa Blanca no sólo había predisposición a ignorar las reglas y obligaciones negociadas y adoptadas por Washington en los organismos del Sistema Multilateral (la OMC en primer lugar), sino que a su gobierno no le quita el sueño desconocer las reglas de la economía social de mercado ni el achicamiento de su inserción en el mundo.
El propio Trump advirtió, tiempo después, que se proponía revisar o archivar, según le convenga, el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) llamado USMCA, que es el tema que en estos meses astilla una de las vigas más estratégicas de la relación entre ambas naciones.
Por eso recién en estas horas tiene patético sentido el intento de reformar unilateralmente la política arancelaria de Estados Unidos, la propuesta que fue neutralizada en tiempo récord por la Corte Suprema y por los tribunales especializados de su propio país, cuyas autoridades le recordaron a la Casa Blanca que la política fiscal se negocia y define en el Poder Legislativo (ver mis columnas anteriores).
De modo que si el lector retiene in pectore alguna duda residual acerca de cuáles son los verdaderos objetivos de la nueva política económica, comercial y geoestratégica de Estados Unidos, que es la única y modesta pretensión de esta columna, debería escuchar la descripción que hizo, el pasado 3 de septiembre, el vicepresidente JD Vance.
Reiteró que las metas oficiales no son otras que la reindustrialización acelerada de la economía, el desarrollo tecnológico y la creación de empleo de alta calidad a como dé lugar en el perímetro de su territorio aduanero. Una obvia perversión de las tesis desarrollistas de la década de los 60´s.
Otro significativo reparo a la política oficial en debate se puede hallar en la nota que escribió un influyente ex miembro del primer gabinete de Donald Trump.
Me refiero a la que difundió el Financial Times (FT) del pasado 31 de agosto y proviene de la pluma de Robert Lighthizer, quien explicó con notable precisión el alcance de este proceso. Su lapidario título exime de mayores comentarios: “Las autodestructivas amenazas de Trump contra Canadá” (traducción propia).
Vale la pena tener en cuenta que Lighthizer fue titular de la Oficina del Representante Comercial (el USTR en inglés) durante la primera presidencia de Donald Trump y luego ejerció la presidencia del Banco Mundial.
Antes de llegar al gabinete, Lighthizer era un experimentado lobista del proteccionismo que reivindicaba la necesidad de cuarentenar la vacilante industria del acero de los Estados Unidos, hoy en proceso de rehabilitación.
Él fue quien encaró una buena campaña contra las artificiales sobreofertas asiáticas, especialmente de China, de insumos estratégicos (como el acero y el aluminio), una realidad muy debatida en la OECD, el G20 y otros foros globales.
Quizás todavía valga la pena pedirle a Lighthizer que nos ayude a entender por qué no aplicó los mismos enfoques y reparos a la política comercial que él promovió y ejecutó cuando fue gobierno. En esa época se mimetizó con el Washington que idolatra el “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Y así nos va.
