Una detallada denuncia presentada por un grupo de reclusos ante una fiscal de La Plata reveló un entramado de corrupción y coerción dentro de un penal que llevó a la funcionaria judicial a iniciar una investigación en la que logró detectar, en un primer allanamiento, que había un sauna, una red de videojuegos, computadoras, router para el uso de wifi, decenas de teléfonos celulares y emprendimientos comerciales como la venta de pizzas, tortas, milanesas y cigarrillos.
Si bien el allanamiento a la Unidad Penal 9 de La Plata, ubicada en el barrio de Villa Elvira, se realizó el viernes último, la gran cantidad de elementos electrónicos y de comunicación incautados sorprendió a los investigadores que buscan ampliar la pesquisa para determinar cómo actuaba y quiénes integraban la organización que le cobraba en el interior de la cárcel a los presos de mayor poder adquisitivo por acceder a algunos privilegios durante su estadía.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Clarín, los internos del pabellón 16 donde se alojan a ex agentes de las fuerzas de seguridad acusaron principalmente a un grupo de seis presos por hechos de extorsión, ventas ilegales y aparente connivencia con empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense para poder desplegar su actividad.
Entre los principales negocios ilegales reportados, afirman que controlan «pymes» internas como un servicio de peluquería, (por el que cobran 4.000 pesos por corte), repostería (a 9.000 pesos por torta), la comercialización de cigarrillos a 3 mil pesos por paquete y el funcionamiento de una rotisería, que vende pizzas a 17.000 pesos, gaseosas a 25.000 y sándwiches de milanesa entre 15.000 y 16.000 pesos.
Las milanesas, que pueden ser de carne vacuna o de pollo, suelen ser elaboradas en un sector de la biblioteca. Y, esos productos que, siempre según la denuncia, se elaboran con recursos del penal pueden abonarse en efectivo o también con billeteras virtuales.
Además, el grupo le exige a los demás presos cuotas mensuales de dos paquetes de cigarrillos por estadía, tres para poder usar el gimnasio y pagos por visitas en el salón de usos múltiples (SUM), el que usan para reunirse con sus familias, bajo amenaza de expulsión o supuestos traslados.
Ante ese panorama, la fiscal Virginia Bravo encabezó un allanamiento, con aval de la jueza de Garantías 5, Marcela Garmendia, y con la participación de agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones y peritos de la Policía Científica.
En una inspección celda por celda, los investigadores se incautaron de una gran cantidad de aparatos de comunicación digital, como un centenar de teléfonos celulares, notebooks, routers y amplificadores de señal wifi, discos portátiles para almacenamiento de datos. También encontraron los modelos más nuevos de consolas de videojuego, como una Playstation 5.
De acuerdo con la prensa platense, la fiscal Bravo secuestró todos esos elementos e identificó a sus portadores para poder decidir luego si define imputaciones o pide más medidas a la justicia para desarmar la cadena de ilícitos detectada.
Los denunciantes también aseguraron en su escrito que el grupo de presos que comanda el pabellón, ejerce coerción psicológica e incluso llegó a golpear a uno de los internos hacen un mes sin haber sido sancionados por las autoridades.
Además del robo de distintas pertenencias, los denunciantes acusaron a los mandones del pabellón por lograr el ingreso de marihuana, cocaína y pastillas para su comercialización, a la vez que operan una suerte de «call center» con una red inalámbrica de internet para realizar estafas virtuales, con un alquiler que va de 15.000 a 20.000 pesos.
