El Gobierno explora las opciones que le quedan para revertir un cambio clave que el Senado impuso en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ante la imposibilidad de que en la nueva revisión de Diputados alcance la mayoría necesaria para recuperar la versión original de la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei.
La versión comenzó a circular esta semana en el Congreso, antes de la fallida sesión de la oposición para modificar el DNU/70 y cuando aún se desconocía el cronograma tentativo para avanzar con la modificación del Central, que regresó a Diputados tras las modificaciones que se acordaron en el Senado.
Según anticiparon a Clarín distintas fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es arrancar con el tratamiento en comisión del proyecto del Banco Central después de sacar despacho de la ley de Defensa de Soberanía o ley Malvinas, que La Libertad Avanza pretende dictaminar el martes para llevarlo al recinto un día después.
Pero volviendo a la reforma del Banco Central, el eje de discusión tiene que ver con las diferencias internas que generó el cambio acordado en el Senado sobre el proceso para remover al presidente y a los directores de la entidad.
La versión original enviada desde la Casa Rosada exigía los dos tercios de ambas cámaras para echar a las autoridades del Central. Mientras que la normativa vigente permite que el Ejecutivo decrete la remoción del funcionario aunque previamente tiene que expresarse una comisión del Congreso integrada por los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Economía de ambas cámaras, que habitualmente son controladas por el oficialismo.
Sin embargo, cuando se debatió el proyecto en el Senado, Patricia Bullrich, para conseguir el apoyo de los aliados, acordó bajar la exigencia de los dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades del Central que establecía el artículo 3. En su lugar se resolvió que se decida con la mayoría absoluta del Senado. Para blindar el cambio también sumó los votos del peronismo, que rechazó la iniciativa en la votación en general.
La Cámara alta, en la sesión de septiembre, terminó aprobando la modificación, con una votación en particular del artículo 3 que arrojó 66 votos a favor y 2 en contra. De esa manera, el Senado se quiso asegurar la potestad de elegir y remover a las autoridades del Banco Central.
Pero, además, bloqueó el posible intento del oficialismo de insistir con la versión original de la reforma que fue aprobada por Diputados, ya que para eso necesitaría la misma mayoría -los dos tercios-, número que parece imposible de conseguir dado que en agosto cosechó 144 votos a favor y 102 en contra.
El Gobierno quiere que Diputados también decida en las remociones del Banco Central
Sin embargo, fuentes del oficialismo aseguraron que el Gobierno mantiene la intención de que ambas cámaras puedan intervenir en la remoción de las autoridades del Central. Pero para captar el respaldo de las fuerzas aliadas e incluso de la oposición bajarían la imposición de los dos tercios y se exigiría la mayoría absoluta de Diputados y del Senado para expulsar a los funcionarios que controlan la entidad.
Está claro que la Cámara baja no tiene chance de rubricar una nueva modificación porque al ser revisora sólo podrá aprobar la versión del Senado o insistir con la original. Es aquí donde puede intervenir el Ejecutivo.
Milei tiene tres opciones a partir de la sanción de la ley. Una es promulga el texto tal como salió del Congreso, otra es rechazarlo y la tercera es un veto parcial bajando el artículo que establece el mecanismo de remoción. Si se decide por este camino, el Gobierno podrá mandar un nuevo proyecto de ley o establecer la modificación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
En este último caso, el Presidente también necesitará del respaldo del parlamento, que deberá validar el decreto presidencial con la aprobación de una de las dos cámaras. En síntesis, el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central seguiría abierto más allá de lo que se decida en el Congreso.
