El 3 de enero pasado, las fuerzas armadas de EEUU capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y su poderosa esposa Cilia Flores, en una dramática extracción, digna de los anales militares. Hoy están procesados por narco tráfico y terrorismo en una corte penal en Nueva York. ¿Pero produjo la extracción un cambio de régimen?
La extracción fue aplaudida por la gran mayoría de venezolanos, dentro y fuera del país, y despertó la esperanza de un cambio de régimen, hacia a un régimen democrático. Se reporta que la presidenta interina Delcy Rodríguez (ex vicepresidenta y no presidenta “electa” como la llama Trump,) “está desmantelando” al régimen de manera “gradual y discreta.”
Pero la realidad es que el régimen chavista ha cambiado sólo a medias (de “rojito” a “rosado”); ha cambiado sólo la mera cúpula y ha variado su ideología, su política económica y su política exterior, para mantenerse en el poder y en control de un supuesto proceso de transición y apertura política (cambiar para no cambiar).
En control del régimen continúan chavistas acérrimos como Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro del interior y jefe de los temidos colectivos (fuerzas irregulares de represión y secuestro de opositores). Pero la nueva cúpula opera bajo la dirección y supervisión de la Administración Trump (Trump dijo que él estaba a cargo de Venezuela).
Un arreglo de sumisión que los hermanos Rodríguez acordaron con Trump para evitar futuras operaciones y/o extracciones militares y poder seguir en el poder. A cambio, alejaron a virulentos chavistas anti-norteamericanos, como el fiscal general Tarek W. Saab y el general Padrino López, jefe de las Fuerzas Armadas; expulsaron a los chinos, cubanos, iraníes y rusos y aceptaron una encubierta obediencia a sus directivas. Se terminó el socialismo XXI, el estatismo y el nacionalismo, la autonomía económica; ha vuelto el capitalismo.
El régimen pasó de ser una autocracia dictatorial autónoma y hostil a EEU, a ser una complaciente y dependiente, gobernando bajo la tutela norteamericana en una suerte de co-gobierno encubierto, que ejecuta políticas radicalmente contrarias al chavismo. Supervisa el esquema la nueva embajada de EEUU en Caracas y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sin tropas en territorio venezolano. La nueva relación la dirige desde la Casa Blanca Marco Rubio, secretario de Estado y director del Consejo Nacional de Seguridad (una acumulación de poder en política exterior sólo ejercida antes por Henry Kissinger).
Es un régimen de dominación/sumisión (Doctrina “Donroe”) transitorio, que debe administrar un proceso de tres etapas superpuestas y que supuestamente debe concluir, según el propio secretario Rubio, en la elección de un nuevo gobierno democrático.
La etapa (1) de estabilización buscó evitar el colapso de las instituciones, el vacío de poder tras el “shock” de la extracción, las manifestaciones violentas y una crisis económica.
Con su bloqueo naval, EEUU controla el transporte y la venta del petróleo venezolano; transfiere lo recaudado al gobierno de Delcy vía el Tesoro de EEUU y supervisa su gasto –que debe destinarse a importar medicamentos, alimentos y equipos para infraestructura de servicios, al funcionamiento de instituciones gubernamentales y al pago de deudas de PDVSA. Se evitó así el caos, supuestamente.
El “nuevo” régimen interino debe administrar la fase (2) de recuperación económica, que incluye la apertura de la economía y el fin del estatismo omnipresente y corrupto. La Asamblea Nacional ha aprobado en tiempo récord leyes de supuestas garantías de seguridad jurídica que desmantelan leyes chavistas estatizantes y “anti-imperialistas.” Se busca la inversión extranjera en hidrocarburos y minería (oro, minerales raros); pero es dudoso que ésta llegue sin certidumbre sobre el futuro del nuevo régimen.
Por último, el régimen debe gestionar la etapa (3) de apertura política y reconciliación nacional para el retorno a la democracia. La Asamblea aprobó (y luego canceló) una ley de amnistía que incluía la liberación, a medias, de presos políticos (760, de unos 1200) y el retorno de exiliados políticos –pero no incluía a militares “sediciosos”, ni a opositores como María Corina Machado o el presidente electo, Edmundo González. Concluiría ésta con el llamado a elecciones.
Sin embargo, esta etapa crucial marcha a cuenta gotas, con tiempos y destinos inseguros. Para algunos, los hermanos Rodríguez buscan ralentizar el proceso para que la supuesta recuperación económica les permita afianzar la candidatura de Delcy en una futura elección –que convocarían cuando les convenga y según la presión de EEUU.
La elección puede ser amañada o democrática, dependiendo de si buscan transitar hacia una democracia cabal o hacia una autocracia política bajo su control, con economía capitalista “cuidada” al estilo chino.
Pero ya pasaron los 90 días de “falta temporal” y los 30 días de “falta absoluta” del presidente que estipula la Constitución para convocar elecciones. Ya es tiempo de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, para comenzar a organizar elecciones democráticas, con observación internacional. Imprescindible también es la restauración de un poder judicial independiente, la despolitización (“deschavización”) de las fuerzas armadas, la restitución de los partidos políticos, de los medios independientes, de las libertades fundamentales y de las garantías constitucionales.
Para la gran mayoría venezolana crecen las dudas y la impaciencia ante el lento avance del proceso de transición y democratización del país. Aumentan las demandas y el activismo por su aceleración. Un verdadero cambio de régimen ocurrirá sólo con la instauración de un gobierno legítimo, electo democráticamente.
