Andrea Pochak, la comisionada argentina y actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue denunciada ante el juez federal Julián Ercolini por un presunto conflicto de intereses en un caso contra el Estado argentino.
El pedido de investigación es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino, en el denominado caso Catella.
Mientras, el kirchnerismo intenta que la CIDH acepte un reclamo de Cristina Kirchner contra su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la denuncia, Pochak incurrió en un conflicto de intereses porque anteriormente había sido directora adjunta del CELS, organización que patrocinó a la ex jueza Marta Susana Catella ante la CIDH y que, según la presentación, ocultó “30 kilos de pruebas” en favor del Estado argentino. La denuncia sostiene que esa vinculación comprometía su imparcialidad.
El caso se originó a partir de una petición presentada por la ex jueza bonaerense Marta Susana Catella, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El expediente cuestiona la legalidad de su destitución como magistrada y sostiene que el Estado argentino violó sus garantías judiciales al removerla mediante un jury de enjuiciamiento.
Sin embargo, según sostuvo el actual representante del Gobierno de Javier Milei ante la CIDH, Catella “ejerció plenamente su derecho de defensa con patrocinio letrado; tuvo acceso a diversos recursos judiciales y, por lo tanto, no existió violación de la Convención Americana”.
El funcionario también afirmó que durante ese período hubo una “inacción absoluta e inexplicable” por parte del área competente del Estado, que habría omitido enviar unos treinta kilos de expedientes a la CIDH para sostener la defensa de la Argentina.
La CIDH informó que Pochak no intervino en la audiencia del caso ni en el tratamiento de los asuntos vinculados con la Argentina.
Las críticas también alcanzan al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti —actual diputado de Fuerza Patria— y a la exfuncionaria Gabriela Kletzel, quienes, junto con Pochak, tuvieron responsabilidades en la estrategia jurídica del Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según la denuncia, esos funcionarios tuvieron responsabilidades en al menos tres causas emblemáticas ante organismos internacionales: los casos Maldonado, Milagro Sala y Virgen Abortera, en los que también actuaron las mismas organizaciones no gubernamentales que, según los denunciantes, podrían haber resultado beneficiadas.
La presentación vincula esos antecedentes con lo que denomina el “negocio de las soluciones amistosas” promovidas contra el Estado argentino durante los gobiernos kirchneristas.
El caso fue difundido en YouTube durante una entrevista del politólogo libertario Agustín Laje a Neydy Casillas, integrante del Global Center for Human Rights, una organización con sede en Washington que promueve el correcto funcionamiento de los organismos internacionales.
Durante la audiencia ante la CIDH, el actual representante argentino sostuvo que el país permaneció “durante años en una situación de absoluta indefensión” durante la gestión kirchnerista.
Además, señaló que el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba dirigida, en ese momento, por “una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia”.
El CELS fue presidido durante años por el periodista K Horacio Verbitsky, hasta su alejamiento tras el escándalo conocido como el Vacunatorio VIP.
Pochak fue directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre 2002 y 2011, período durante el cual la organización actuó como peticionaria en el caso Catella.
Posteriormente se desempeñó como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos entre 2019 y 2023 del gobierno K. Durante ese período, la CIDH admitió el caso.
Más tarde dejó ese cargo y actualmente ocupa la vicepresidencia de la CIDH, tras haber sido propuesta por el gobierno de Alberto Fernández.
El actual representante argentino destacó que no existía constancia alguna de que Pochak se hubiera excusado o apartado del caso pese al presunto conflicto de intereses. Entre los delitos cuya investigación solicita la denuncia figuran el prevaricato, por la eventual intervención de Pochak desde el Estado en asuntos vinculados con organizaciones para las que había trabajado previamente, y la administración fraudulenta, por el eventual perjuicio económico ocasionado a la Argentina.
El reglamento de la CIDH establece que sus comisionados deben ser “personas de alta autoridad moral”. Como antecedente, recuerda que en noviembre pasado el comisionado Arif Bulkan presentó su renuncia precisamente por un conflicto de intereses.
