El presidente Donald Trump dispuso recortes que afectan a cientos de proyectos de energía en 16 estados, todos ellos gobernados por demócratas. La medida provocó el inicio de una demanda conjunta de la que participa la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport.
Al asumir, en enero de 2025, Trump firmó varias órdenes ejecutivas que ordenaban al Departamento de Energía (DOE) elaborar una lista de subvenciones para energía e infraestructura por miles de millones de dólares.
En mayo de 2025, el DOE emitió un memorando en el que afirmaba que sometería a revisión los proyectos que previamente habían recibido financiación. Según un comunicado de la fiscal Davenport, ese proceso era “vago y opaco” y, en realidad, estaba diseñado para encubrir la eliminación de programas de energía e infraestructura.
En septiembre, el Departamento anunció en redes sociales que cancelaría casi 8.000 millones en programas de energía renovable creados por el Congreso. En su publicación, menciona 16 estados, entre ellos Nueva Jersey.
Tras considerar la medida como ilegal, Davenport se unió a una coalición de 13 fiscales generales para presentar una demanda que impugna estas políticas, que afectan programas diseñados para que los consumidores paguen menos en sus facturas de servicios públicos.
La demanda ha sido presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y afirma que las acciones de la Administración Trump son ilegales.
Según este argumento, las decisiones del DOE y de otros organismos violan la separación de poderes establecida por la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo. Además de Nueva Jersey, participan de la demanda:
En Nueva Jersey, el DOE puso fin a dos acuerdos de cooperación con la Universidad de Rutgers. Una de las subvenciones, por 3,2 millones había sido otorgada a la universidad y la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey.
Este proyecto habría impulsado la implementación de nuevas normas de eficiencia energética para edificios existentes en el estado y habrían generado un ahorro energético potencial de entre 3.800 y 15.400 millones en cinco años.
La otra subvención, de 1,7 millones, estaba destinada a la investigación de sistemas que ayudarían a los agricultores de Nueva Jersey a utilizar sus tierras simultáneamente para la producción agrícola y energética.
Los fondos iban a apoyar la investigación sobre el rendimiento de los cultivos bajo instalaciones solares, así como el desarrollo e implementación de un programa de formación para agricultores y técnicos. De implementarse, esta tecnología podría proporcionar a las explotaciones agrícolas una fuente adicional de ingresos y reducir sus costos energéticos.
“Generar más energía dentro del estado reducirá los costos de los servicios públicos, pero Trump está decidido a encarecer la vida al negarse a cumplir la ley, pero Nueva Jersey no lo tolerará”, declaró la gobernadora Mikie Sherrill.
“Haré todo lo que esté a mi alcance para reducir los costos de la energía, pero Trump está haciendo exactamente lo contrario, desmantelando ilegalmente programas que apoyan la energía limpia y asequible, todo en nombre de la venganza contra sus supuestos opositores políticos”, expresa Davenport.