Confirmado en Nueva York | Reabren la investigación por una presunta violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Cornell

La fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, reabrió la investigación por una presunta violación grupal ocurrida en una fraternidad de la Universidad de Cornell, después de que una demanda civil presentada por la denunciante aportara alegaciones que, según el fiscal, difieren de las incluidas en su declaración inicial ante la policía.

El caso se remonta a octubre de 2024 y tiene como escenario una residencia de la fraternidad Chi Phi. La mujer, que entonces tenía 20 años, sostiene que fue drogada y agredida sexualmente repetidas veces durante unas siete horas por integrantes de la organización.

De acuerdo con sus abogados, ninguno de los siete hombres señalados fue arrestado. Dos fueron expulsados de la universidad, mientras que otros recibieron sanciones como suspensiones temporales, participación en talleres o la obligación de escribir ensayos.

La estudiante, identificada como Jane Doe en la demanda para preservar su identidad, posteriormente abandonó Cornell.

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció el lunes que su oficina volverá a examinar lo ocurrido y pretende presentar el caso ante un gran jurado con la cooperación de la denunciante.

Según explicó a ABC News, las alegaciones incluidas en la demanda civil presentada en septiembre son “dramáticamente diferentes” de la declaración que la joven realizó ante la policía en noviembre de 2024.

“Queremos volver a examinar si existe evidencia adicional que desconocíamos en noviembre de 2024”, señaló Van Houten. El objetivo, agregó, será determinar si esa información puede modificar la evaluación original y llevar al gran jurado a considerar que existió una conducta criminal.

El fiscal también afirmó que, en la declaración inicial, la estudiante no había dicho que hubiera consumido drogas sin saberlo, sino que había reconocido haber ingerido alcohol y sustancias voluntariamente. Según Van Houten, tampoco había denunciado entonces haber sido obligada a realizar actos sexuales ni haber estado inconsciente o incapacitada.

El abogado de la joven, Thomas Giuffra, cuestionó esa explicación y aseguró que ni la fiscalía ni la policía de Cornell realizaron posteriormente una entrevista con su clienta a cargo de especialistas capacitados para hablar con sobrevivientes de abuso.

Según la demanda civil, la joven acudió a la residencia de Chi Phi para visitar a un amigo cuando ya se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Allí, afirma, le indicaron que inhalara una sustancia que le dijeron que era ketamina. Posteriormente, sostiene que comenzó una serie de agresiones sexuales que se prolongaron hasta aproximadamente las 5.45 de la mañana.

La demanda también asegura que durante el episodio se publicó un mensaje en un grupo de Snapchat utilizado por miembros de la fraternidad, tras lo cual al menos otros cinco integrantes habrían llegado al lugar y participado de las presuntas agresiones.

La estudiante realizó una denuncia ante la policía del campus unas tres semanas después.

Giuffra sostuvo que ninguna de las personas señaladas enfrentó consecuencias penales y cuestionó además la actuación de quienes, según la demanda, tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

“Ni uno de estos tipos fue arrestado. Ni uno”, declaró el abogado a CBS News.

La Universidad de Cornell calificó las acusaciones como “profundamente perturbadoras” en un comunicado difundido el 21 de septiembre por su vicepresidente de Relaciones Universitarias, Kyle Kimball.

La institución aseguró que sus oficinas de derechos civiles, conducta estudiantil y estándares comunitarios realizaron distintas investigaciones después de conocerse el caso.

Cornell también confirmó que el capítulo Xi de la fraternidad Chi Phi continúa excluido del campus.

Sin embargo, la universidad señaló que las leyes federales de privacidad le impiden revelar públicamente detalles sobre las medidas disciplinarias aplicadas a estudiantes individuales.

“Las violaciones de las políticas universitarias podrían derivar en sanciones que incluyen la suspensión o expulsión”, indicó Cornell, que anticipó que responderá con mayor detalle a las acusaciones durante el proceso judicial.

La reapertura de la investigación se produce después de que la demanda civil volviera a colocar el caso bajo atención pública. Ahora, la fiscalía buscará determinar si existen nuevas pruebas suficientes para presentar ante un gran jurado las acusaciones relacionadas con lo ocurrido en la residencia de Chi Phi en octubre de 2024.