El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó oficialmente su ambicioso plan estratégico de vivienda denominado «Bloque por Bloque» (Block by Block: The Housing Plan for a New Era). La iniciativa busca hacer frente de forma drástica a la crisis de asequibilidad de la metrópolis mediante una inversión masiva de 22.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. El pilar central del proyecto contempla la construcción de 200.000 nuevas viviendas asequibles y la preservación de otras 200.000 unidades ya existentes a lo largo de la próxima década.
Uno de los puntos más innovadores del anuncio es la creación del programa «Nuestro Hogar» (Our Home). Esta política destinará 75 millones de dólares en préstamos durante los próximos dos años con el objetivo de ayudar a unos 300 inquilinos a comprar sus edificios a propietarios ausentes o con problemas financieros, transformando sus departamentos en cooperativas (co-ops) bajo un marco regulado y financiado por la ciudad.
Asimismo, la administración duplicará los fondos del programa Open Door, el cual financia condominios y cooperativas asequibles para la clase trabajadora, abriendo un canal formal de financiamiento para las conversiones habitacionales que antes se manejaban bajo esquemas improvisados.
El plan «Bloque por Bloque» pone una atención especial en el Bronx, el distrito con el mayor porcentaje de residentes afroamericanos de la ciudad (34%). Los datos oficiales de la alcaldía justifican esta priorización debido a las profundas disparidades habitacionales que arrastra la zona: el 10% de los hogares del Bronx sufre un desalojo al año y el 26% denuncia tres o más deficiencias graves de mantenimiento en sus viviendas.
Para contrarrestar la discriminación histórica y el desinterés inmobiliario, Mamdani implementará un programa piloto de equidad para inquilinos de largo plazo que busca ayudarles a generar riqueza a partir de la revalorización de las propiedades, un beneficio que históricamente quedaba de forma exclusiva en manos de los dueños.
La propuesta no solo se limita a la construcción, sino que introduce cambios profundos en la fiscalización del mercado inmobiliario y en las condiciones de la clase trabajadora:
