Juan Tomás Rodríguez Ponte asumió el jueves como juez titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora, un tribunal estratégico del conurbano bonaerense que tiene bajo su órbita causas de alto impacto político y judicial, entre ellas el expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio y una investigación vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas.
Rodríguez Ponte prestó juramento el 13 de agosto ante las autoridades de la Justicia Federal, en una ceremonia realizada en el Salón Gorostiaga de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550, de la Ciudad de Buenos Aires.
El acto fue presidido por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, y contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Santiago Otamendi, y los integrantes del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y María Fernanda Vázquez. También estuvieron presentes los fiscales Sergio Mola y Carlos Stornelli, entre otros.
También participaron el exconsejero Diego Molea; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato; el gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; integrantes de la Cámara Federal de La Plata, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y otras autoridades y representantes de la comunidad jurídica.
La llegada de Rodríguez Ponte a Lomas de Zamora había quedado formalizada en julio, cuando el Gobierno oficializó su designación después de que su pliego fuera aprobado por el Senado. El nuevo magistrado llega a un juzgado particularmente sensible por las causas que deberá tramitar.
Una de ellas es la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde y Cirio, un expediente que volvió a cobrar fuerza a partir de los videos y fotografías que muestran a la exesposa del exintendente de Lomas de Zamora contando dólares y exhibiendo bienes de lujo dentro de la mansión que compartían en San Vicente.
También tendrá intervención en la investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas con la AFA y Sur Finanzas, en cuyo centro aparece el empresario Ariel Vallejo, señalado por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Rodríguez Ponte llega a ese juzgado después de una extensa trayectoria dentro de la Justicia Federal. Durante años fue secretario del entonces juez federal Ariel Lijo, en cuyo despacho participó en expedientes de alto impacto político. Su nombre quedó asociado, entre otras investigaciones, al caso Ciccone, que terminó con el procesamiento del entonces vicepresidente Amado Boudou.
Pero su carrera tomó otro rumbo en 2016, cuando desembarcó al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo que depende de la Corte Suprema y que tiene a su cargo la asistencia técnica a los jueces en materia de interceptaciones de comunicaciones y análisis de información.
Desde allí, Rodríguez Ponte se convirtió además en una figura con participación en investigaciones y organismos internacionales vinculados con la prevención del lavado de activos. En 2023, por ejemplo, integró la delegación argentina que participó en reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París.
La propia Corte Suprema destacó su participación en esos trabajos y el papel de la DAJuDeCO en la evaluación internacional de la Argentina en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante su paso por la DAJuDeCO también intervino en trabajos técnicos solicitados por distintos juzgados federales. Entre ellos estuvo un estudio sobre el acuerdo del Correo Argentino que había sido encargado por el juzgado de Lijo y realizado por ese organismo bajo la dirección de Rodríguez Ponte.
Ahora, después de una década al frente de la oficina de la Corte encargada de las escuchas judiciales, Rodríguez Ponte cambia el rol técnico por el de juez federal. Y lo hace en un tribunal que concentra algunas de las investigaciones más sensibles del conurbano: desde el expediente de Insaurralde y Cirio hasta las causas que involucran a dirigentes de la AFA y empresarios del mundo financiero.
Su desembarco en Lomas de Zamora también cierra un largo recorrido profesional que comenzó en Comodoro Py, continuó en la estructura de la Corte Suprema y ahora lo coloca al frente de uno de los juzgados federales con mayor exposición política y judicial de la provincia de Buenos Aires.
