Un nuevo frente de conflicto entre el comprador interesado y el sindicato lechero se abrió en los últimos días en torno a la venta de la compañía Sudamericana de Lácteos, que se encuentra paralizada desde enero y con trabajadores que no cobran hace más de cuatro meses.
Si bien la semana pasada, tanto el empresario agroindustrial Pablo González como la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) habían alcanzado un principio de acuerdo para destrabar la compra de la firma santafesina, un nuevo desacuerdo paralizó la operación y directamente podría implicar la caída de la oferta por parte del interesado.
Existen versiones cruzadas entre las partes, en las cuales se culpan entre ellos por este nuevo fracaso que estira la agonía de la láctea: por un lado, González sostuvo que hubo un nuevo cambio de condiciones por parte de Atilra, en pos de cuidar los aportes a “su caja”, mientras que desde el lado del gremio afirman que el empresario no presentó la documentación ni las garantías necesarias que aseguren los pagos de las cargas patronales, algo que ya estaba preestablecido.
Cabe mencionar que el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada establecía la puesta en marcha del Artículo 223 Bis de la Ley de Trabajo, que exime por tres meses del pago de aportes laborales y habilita a reducciones salariales. Asimismo, no se llevarían a cabo despidos y se establecería una reducción de entre el 50% y 75% de la jornada laboral, dividiéndola en turnos.
Sudamericana de Lácteos, que posee marcas como Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, entre otras, y emplea a 78 personas, se encuentra en la localidad santafesina de Díaz, de apenas 2200 habitantes. A la fecha, el actual dueño, es Sergio Servio, titular de Lácteos Servio de Villa María. La compañía debe más de cuatro meses de sueldos y mantiene deudas con tamberos y prestadores de servicios.
“Lamentablemente, ayer no se firmó. La gente del gremio no se presentó y estoy evaluando retirar mi oferta de compra, para poner un punto final a toda esta situación”, afirmó González a Clarín Rural.
Según el empresario, “estaba todo dado para sellar el acuerdo en el Ministerio de Trabajo, pero el viernes comenzaron con los peros y palos en la rueda: primero, me hicieron reconfeccionar cuatro veces un poder que me acreditaba a firmar el acuerdo. Lo tuve que hacer legalizar en Córdoba (provincia de la que es el actual dueño, Pablo Servio) e ir a buscar el físico, porque no me aceptaban el PDF legalizado”.
“En segundo lugar, hubo una extorsión: condicionaron la firma del acuerdo a un plan de regularización de deuda en la Asociación Mutual del Personal de la Industria Lechera (Ampil), en la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Ospil) y el Atilra, que son las cajas de ellos, con garantías hipotecarias, avales financieros y más”, dijo González.
Según el interesado, esta fue una “exigencia nueva a la que condicionaron todo el acuerdo” e indicó que decidió no acceder a la misma, porque “no tienen que tener tratamiento diferencial con el resto de los proveedores, con los que hemos reestructurado sin problemas. Ahora está en tratativas el Ministerio de Trabajo para ver de que baje a la realidad esta gente y si no tengo hoy noticias, me bajo efectivamente de la compra y la reactivación de la empresa”.
Una versión totalmente diferente es la que brinda Atilra. El secretario general de la seccional Galvéz, Nicolás Garnero, comentó a Clarín Rural que González “sabía todo lo que tenía que presentar” antes de firmar.
“Ellos nos dicen que no tienen ninguna obligación de presentar ninguna garantía. Están encaprichados”, dijo Garnero y explicó: “es lo mismo que ir a un banco y pedir un crédito para comprar una casa: para que me lo den, tengo que presentar ciertas garantías de que voy a pagar. Esto es exactamente lo mismo, ´pero tienen un comportamiento raro y estoy cada vez más convencido de que están mandados por otra gente, ellos son solo la cara”.
“Si ellos presentan las garantías, nosotros firmamos el acuerdo, que es básicamente lo que nosotros cedimos, porque ellos no cedieron nada, por eso necesitan nuestra firma, pero siempre tienen un pero, hace tres meses que venimos así”, dijo Garnero.
Por último, el gremialista remarcó: “acá no hay problemas: nosotros llegamos a un acuerdo para que los empleados trabajen media jornada, para al que está trabajando se le abone correctamente y al que no, no se le hagan los aportes. Luego de eso se le solicitó un poder, para certificarnos de con quién estábamos hablando, algo totalmente lógico. Necesitamos algo que nos aseguren que son apoderados de la empresa, al mismo tiempo que le pedimos las garantías de lo que van a firmar en el ministerio, lo paguen”.
