La visita del papa León XIV a la Argentina generó una controversia entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay. Fue luego de que las autoridades comunales le solicitaran una postergación de la concentración debido a la llegada del pontífice y sus responsables se negaran. Argumentan que desde hace tiempo muchos de los asistentes reservaron el transporte y el alojamiento. Además, consideran que el Estado está en condiciones de atender los dos acontecimientos.
La marcha se realiza el primer sábado de noviembre –una ley de la Ciudad establece que la fecha es definida por las organizaciones no gubernamentales reconocidas por su defensa de los derechos de personas LGBT- que este año cae el día anterior a que el pontífice llegue el domingo a Buenos Aires. Aunque aún el Vaticano no difundió el programa, se descuenta que a su arribo se desplazará por la zona céntrica, escenario de la convocatoria gay, entre otras cosas, para ir a la Casa Rosada a reunirse con el presidente.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno porteño determinó que durante los días que estará el papa en Buenos Aires no se autorizarán otros “eventos, diversiones o actos en el espacio público”, excepto las ceremonias y encuentros que encabezará León XIV. Las autoridades locales explicaron en un comunicado que la medida es excepcional y responde al “importante despliegue operativo, logístico y de seguridad” que requerirá la visita de León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre.
El Gobierno porteño informó que comunicó la medida a la comisión organizadora de la marcha y que propuso trasladarla al 21 de noviembre. Considera que así podrá acompañarla como todos los años “con los recursos necesarios para garantizar una jornada segura, ordenada y celebrativa, como ha ocurrido históricamente”. El acompañamiento que habitualmente brinda la Ciudad incluye el montaje de un escenario, baños químicos, ambulancias y aspectos logísticos y operativos necesarios.
En una carta pública al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los organizadores afirman comprender “la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad que una visita de estas características requiere”.
“Lo que no comprendemos –añaden- es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la Ciudad de Buenos Aires, aún más teniendo en cuenta que el Papa llega a nuestro país recién al día siguiente”.
Afirman que, si bien se les propuso “realizarla más adelante, para una movilización de estas características no existe una simple ‘reprogramación’ sin consecuencias. La Marcha del Orgullo –explican- requiere meses de construcción colectiva, involucra a organizaciones de todo el país, convoca a millones de personas y supone una enorme coordinación de viajes, delegaciones, artistas, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos”.
“Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda: significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar”, sostienen.
Subraya más adelante que “miles de personas ya organizaron sus viajes para estar en Buenos Aires el 7 de noviembre. Muchas compraron sus pasajes y reservaron alojamiento. Organizaciones de distintas provincias organizaron colectivos y delegaciones”.
“Artistas que acompañarán la marcha –agregan- reservaron esa fecha en sus agendas y varios de ellos no tienen posibilidad de trasladar su participación. Organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos vienen planificando desde hace meses su presencia ese día”.
Precisan que “hasta el momento ninguna autoridad del Gobierno Nacional se ha comunicado con la comisión organizadora para solicitar un cambio de fecha” y que “distintas fuentes relacionadas con el Vaticano con las que hemos podido conversar nos han manifestado que tampoco existiría por parte de esa institución un pedido en ese sentido”.
“Nos sorprende que una Ciudad como Buenos Aires, sede permanente de acontecimientos políticos, culturales, deportivos, religiosos y sociales de enorme magnitud, manifieste no contar con la capacidad operativa necesaria para garantizar distintos eventos en días sucesivos”, aseveran.
Consideran que “frente a una situación excepcional, la respuesta razonable debería ser aumentar la coordinación entre jurisdicciones y fortalecer los dispositivos de seguridad y logística, y no trasladar esa dificultad a millones de personas y a cientos de organizaciones que vienen trabajando desde hace meses”.
Dicen que les preocupa “especialmente que el planteo de suspensión venga acompañado de la advertencia de que, si decidimos mantener la marcha el 7 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad ‘no podrá acompañar su realización´”.
“Si existen circunstancias extraordinarias durante ese fin de semana, deberían reforzarse los recursos disponibles, la coordinación entre las fuerzas, los servicios sanitarios y los dispositivos logísticos necesarios para que ambos acontecimientos puedan desarrollarse normalmente”, sostienen.
