La fiscalía española solicitó 12 años de cárcel para cada una de las siete monjas cismáticas del convento de Belorado, en la provincia de Burgos, por el presunto maltrato a cinco religiosas de entre 87 y 101 años.
Los cargos incluyen omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida, según informó ANSA.
El caso tiene su origen en mayo de 2024, cuando la abadesa, Isabel de la Trinidad, anunció públicamente la ruptura del grupo con la Iglesia Católica.
La decisión fue tomada bajo la influencia del autoproclamado obispo Pablo de Rojas Sánchez-Franco, quien se encuentra excomulgado, y supuso el rechazo expreso a la autoridad del Papa.
El 13 de mayo de 2024, Isabel de la Trinidad declaró en representación del resto de las investigadas que abandonaban la iglesia católica «no reconociendo la autoridad del Papa como usurpador de la Santa Sede, lo que da lugar a que se produzca el cisma y sean excomulgadas».
La fiscalía sostuvo que las acusadas se aprovecharon de la «vulnerabilidad» de las cinco religiosas ancianas para incorporarlas a su causa cismática, sin informarles de la ruptura con Roma.
Un juzgado de Bilbao determinó que esa decisión «no fue adoptada por las monjas mayores», a quienes no se comunicó el cisma «debido al estado de deterioro».
En diciembre de 2025, efectivos de la Guardia Civil extrajeron a las cinco religiosas del monasterio de Orduña, en el País Vasco, adonde habían sido trasladadas desde Burgos por las siete acusadas.
El operativo se produjo días antes de que un juzgado dictara sentencia de desahucio contra el convento donde las siete se habían instalado.
Las edades de las víctimas —entre 87 y 101 años— constituyeron un elemento central de la acusación. Tanto la fiscalía como la acusación particular coincidieron en la solicitud de pena máxima de 12 años para cada una de las imputadas.
Frente a esas peticiones, las acusadas rechazaron los cargos y denunciaron lo que describieron como una persecución ideológica.
«Todo lo que estamos viviendo supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica», afirmaron, y calificaron el proceso como una «caza de brujas».
