La investigación que esta semana dejó presa a una funcionaria judicial bonaerense por lavado de dinero lleva dos años pero, al mismo tiempo, recién empieza.
Lo que sucede ahora es que el velo del misterio sobre presos y trabajadores humildes que tenían a su nombre billeteras virtuales con movimientos millonarios comienza a descorrerse, dando sentido a piezas sueltas que empiezan a encajar y muestran cuatro certezas.
Uno. Hay una organización que arma “mulas” financieras abriendo cuentas a nombre de personas reales, con sus datos reales, que casi nunca lo saben. Esas cuentas se usan para mover millones del juego ilegal en la Provincia.
Dos. Para tener el acceso biométrico a esas cuentas, citaban a esas personas para sacarles fotos de sus rostros o escanearle los ojos. Muchos son gente con causas penales que tenían que presentarse ante el Patronato de Liberados para cumplir alguna condición de su situación judicial.
Tres. A la gente le decían que esas fotos eran para su expediente digital. El banco de datos al que la banda tenía acceso es enorme: la Provincia de Buenos Aires tiene 66.000 presos y más de 30.000 personas bajo distintas formas de libertad condicional. Sus datos completos están al alcance de la Oficina de Coordinación de la Fiscalía General con el Patronato de Liberados.
En esa oficina trabaja Albertina Mangini, la funcionaria ahora detenida junto a dos hombres y a otros tres imputados que investiga la fiscal Betina Lacki, la misma que descubrió el sistema de sueldos truchos de “Chocolate” en la Legislatura bonaerense.
Cuatro. En la misma trama queda detenido Ignacio Marchioni, quien a su vez estuvo imputado en la causa Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo con vínculos con «Chiqui» Tapia que “socorría” a los clubes de fútbol por indicación de la AFA.
Esa maniobra que investiga la justicia federal se basaba, también en billeteras virtuales investigadas por organismos de control como ARCA y la Procelac.
Entonces, ¿estas billeteras virtuales que recaudaban fondos del juego negro en la Provincia pudieron terminar alimentando aquellos fondos que luego iban al fútbol?
Una alta fuente de la investigación en La Plata respondió a Clarín que esa es “una hipótesis probable, que será analizada”.
Todo había empezado con un hombre gritando en el subsuelo de la sede de las fiscalías penales en La Plata, sobre la calle 7.
“El hombre gritaba que a él no lo iban a meter en ningún lío”, contó un funcionario judicial que vio la escena.
Cuando el guardia de seguridad le preguntó qué le pasaba, el hombre dijo que la funcionaria Mangini lo presionaba para abrirle una cuenta virtual.
En ese momento le secuestraron el celular a Mangini -un iPhone de última generación-, pero nunca lo pudieron abrir para acceder a sus datos.
La investigación siguió hasta que una señora de limpieza de los propios tribunales contó que le ofrecieron 80.000 pesos para sacar fotos de su rostro “en el bar de enfrente” y que, cuando llegó, había otras 30 personas haciendo fila para lo mismo.
Unos meses después, la mujer pidió una moratoria en sus aportes para jubilarse y atender a su hijo discapacitado y le dijeron que no podían hacerle el plan de pagos porque había movido 172 millones de pesos en dos billeteras virtuales.
Por eso, también le quitaron a su hijo el certificado de discapacidad.
La mujer fue a denunciar la situación y la causa que se había iniciado por el escándalo en el subsuelo se reactivó.
Así cayó la funcionaria Mangini quien, además de “reclutar” pobres para las billeteras virtuales, tenía una página en la plataforma de contenido para adultos Only Fans, dijeron fuentes judiciales.
El caso encendió alarmas en el gobierno bonaerense.
El ministro de Justicia, Juan Mena -operador judicial de Cristina Kirchner- aclaró de inmediato que la funcionaria detenida no depende de su Ministerio sino de la Procuración bonaerense, aunque los datos del Patronato de Liberados sí están bajo su órbita.
Mientras acecha la pregunta sobre hasta dónde subirá el caso, la fiscal a cargo prefirió esta vez evitar a la Policía Bonaerense: encargó los allanamientos y el análisis de toda la información incautada a la Policía Federal.
