Con el telón de fondo del conflicto universitario sin resolver por la Ley de Financiamiento, este martes la Comisión de Presupuesto de Diputados recibirá al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el marco de las exposiciones informativas de funcionarios nacionales previo a la firma del dictamen del proyecto enviado por el Ejecutivo.
Los funcionarios de Capital Humano llegarán con la misión de defender la política presupuestaria hacia el sector, que se ha expresado en toda la línea, incluido el largo pleito judicial, con sucesivas apelaciones y notas planteadas por los abogados del Estado en contra del conjunto de las Universidades públicas, tras el amparo que estas presentaron a la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la ley de Financiamiento, aduciendo que la norma no especificó de dónde se sacarían las partidas presupuestarias. Hace trece días la Justicia de primera instancia falló por la inconstitucionalidad de esa decisión (traducida en un decreto) del Gobierno, fallo que ya fue apelado.
En ese marco, a la exposición de los funcionarios se llega también con sustanciales diferencias en cuanto al presupuesto universitario para 2027.
Para gastos de salarios y funcionamiento, las Universidades nucleadas en el Consejo Interuniversita Nacional (CIN), que agrupa a unas 60 universidades nacionales, elevaron un pedido de 11 billones de pesos.
En el Presupuesto 2027, el Gobierno les ha asignado 7,3 billones de pesos.
La oposición -y también algunos rectores- ha reclamado modificar la asignación de recursos, y le ha manifestado al Gobierno que puede extraerlos desde la «Jurisdicción 91» que depende de la Secretaría de Hacienda y son fondos destinados a «brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado», y eventuales emergencias.
La ponencia de Torrendell y Alvarez en lo que concierne a las Universidades cobra la mayor relevancia ya que el renglón de la Educación universitaria implica el 80,1% del total de la asignación de recursos a la Secretaría de Educación; 14,6% es para educación obligatoria y superior no universitaria, y 8,4% para otros gastos.
En las reformas de los años 90 a las provincias se les transfirió el financiamiento de la educación inicial, primaria y secundaria, pago de salarios y mantenimiento edilicio. Las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires asumen alrededor del 75% del financiamiento total de la educación.
Por la Comisión de Presupuesto ya pasaron la semana pasada -en el inicio del tratamiento- el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el de Trabajo, Julio Cordero. El cronograma que explicitó el presidente de la Comisión, Bertie Benegas Lynch, prevé dictaminar el 28 de octubre (la semana que viene) y una sesión para votarlo el 18 de noviembre. Esta programación se había hecho considerando una semana de casi receso por la visita del Papa.
La Ley de Financiamiento Universitario establece recomponer salarios docentes y no docentes por inflación desde diciembre de 2023. La ley, votada en agosto de 2025, fue vetada por Milei, pero luego tanto el Senado como Diputados insistieron con la norma, logrando los dos tercios que marca la Constitución. Sin embargo, el Gobierno promulgó la ley y firmó un decreto, el 759/2025, que la dejó suspendida en su aplicación hasta tanto se especificara de dónde saldrían las partidas presupuestarias.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impugnó judicialmente el decreto de Milei. En diciembre, el juez Martín Cormick dictó una medida cautelar para que el Gobierno cumpliera con dos artículos de la ley: actualización de salarios (que se llevan el 90% del total del presupuesto universitario) y becas estudiantiles.
La cautelar fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo de este año y el 25 de junio quedó firme al rechazar la Corte Suprema el último recurso del Gobierno. Pero nunca se aplicó: la Cámara suspendió la ejecución de la cautelar al habilitar el recurso a la Corte. Y la semana pasada, luego de casi tres meses y dos apercibimientos, el juez Cormick aplicó multas (astreintes) diarias de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento, pero al día siguiente la Cámara también suspendió la sanción económica.
Este 6 de octubre el juez Cormick había emitido sentencia sobre el fondo de la cuestión, declarando inconstitucional el decreto de Milei que suspendió la Ley. El Gobierno apeló este fallo, que está ahora a consideración de la Cámara.
