El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ratificó la aplicación de un artículo clave de la Ley de Modernización Laboral que pone un límite a las indemnizaciones. También afecta al cálculo de las deudas de juicios que ya estaban en trámite.
La resolución es sobre una causa por despido de una exempleada del Banco Hipotecario. Al ratificar la constitucionalidad del artículo 55 de la reforma laboral, el máximo tribunal porteño impuso límites estrictos a la actualización de los intereses por despido en los juicios en trámite.
La pauta general toma la tasa pasiva del Banco Central, pero establece un «piso» de 67% y un «techo» del 100% del cálculo que resulte de actualizar el capital por el Índice de Precios al Consumidor más un 3% de interés anual.
Según el fallo, ambas bandas responden a una búsqueda de equilibrio y previsibilidad legislativa, en donde el piso establecido resguarda la indemnización del trabajador contra la inflación y el techo del 100% evita liquidaciones judiciales desproporcionadas para proteger las fuentes de trabajo y la estabilidad de las empresas.
Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg votaron a favor de la norma y argumentaron que el esquema responde a un criterio razonable de oportunidad y mérito legislativo.
Concretamente, sostuvieron que no es incorrecto que los créditos laborales cuenten con un régimen de actualización específico y diferente al de las deudas del fuero civil o comercial. Además, apuntaron que la ley aplicada vino a solucionar las distorsiones que, entienden, la propia Corte Suprema de la Nación aplicó en algunos precedentes.
Así, se hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco Hipotecario S.A., lo que revocó una sentencia de 2022.
Por otro lado, los magistrados Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron por declarar inconstitucional la norma por considerar que discrimina a los trabajadores.
Los jueces que votaron en disidencia argumentaron que la ley les otorga, por la demora o mora en el pago de su indemnización, una reparación sustancialmente inferior a la que percibe cualquier otro acreedor en fueros civiles o comerciales, y sumaron que recortar la actualización de las deudas exclusivamente en las causas que ya se encontraban en trámite genera un impacto desfavorable para el trabajador por el solo hecho de haber recurrido a la vía judicial para exigir sus derechos.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró la decisión en su cuenta de X. «Un fallo importantísimo para devolverle racionalidad a un sistema laboral que durante demasiado tiempo fue rehén de la industria del juicio», escribió.
En la misma línea, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, destacó que la resolución «ratifica la constitucionalidad del art 55 de la reciente Ley Laboral, que traerá previsibilidad y equilibrio en las actualizaciones de los créditos laborales».















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