El oficialismo logró desactivar la sesión pedida por los sectores más duros de la oposición para avanzar con un temario que incluye la derogación del DNU 70/23, morosidad y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, La Libertad Avanza no podrá avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía, también conocido como Ley Malvinas.
En el campamento libertario reina cierta tranquilidad porque saben que el kirchnerismo junto a los sectores duros de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda no podrán juntar los 129 diputados para el quórum y abrir la sesión de este jueves.
Los sectores díscolos dependen de los bloques provinciales como Argentina Federal para alcanzar ese número y no hay indicio de que esos legisladores vayan a sumarse al debate por la derogación del DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar en endeudamiento y la morosidad familiar.
Sin embargo, en la bancada violeta tuvieron que bajar sus ambiciones respecto del proyecto sobre Malvinas, que incluye una serie de reformas en el área de defensa y la creación de un Consejo de Seguridad, organismo que desde un primer momento fue cuestionado por la oposición, incluso por los propios aliados.
La intención del oficialismo era sacar despacho de comisión en la reunión convocada para este miércoles con la intención de llevarlo al recinto en una sesión que está convocada para el 21 de octubre, en la que se va a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene la media sanción del Senado, junto a la nueva Ley de Discapacidad y morosidad.
Pero al parecer, el oficialismo no tiene las firmas para emitir dictamen a favor de la propuesta. Por eso, espera juntar los avales para la próxima semana con la intención de incluirlo en la sesión, aunque el panorama es complejo.
Uno de los primeros escollos es la decisión del Gobierno de negarse a dividir el proyecto, separando los artículos vinculados con defensa y seguridad del vinculado con la soberanía de las islas.
A eso se suma el rechazo de los radicales y otros sectores de la oposición a un artículo que afecta la libertad de prensa e información. Es que la propuesta enviada por la Casa Rosada incorpora como nuevos delitos la “desinformación masiva” y «la manipulación de la opinión pública”.
También instala la figura de la influencia extranjera y las operaciones clandestinas, que prevé penas que van de los 5 años de prisión y, en algunos casos, llegan hasta 20 años.
Además, entre los aliados, hay resistencia a que la creación de un Consejo de Seguridad esté limitada al Poder Ejecutivo sin intervención del Congreso. En rigor, el organismo está conformado por el Presidente, el Jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
En la reunión de comisión de la semana pasada, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, deslizó la posibilidad de incorporar un artículo que proponga la creación de una bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad. Pero eso tampoco llegó a destrabar la negociación.
No obstante, la propuesta seguirá siendo analizada en un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, todas controladas por el oficialismo, ya que están presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
