El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, avanza en la modificación de los requisitos para designar jueces y fiscales. El Decreto busca “acotar los plazos y reducir instancias duplicadas”, como señalaron fuentes judiciales a Clarín. Bajo esa premisa, con el 37,5% de los cargos del Poder Judicial vacantes y el 46% de la Procuración General de la Nación, el Poder Ejecutivo asegura que busca reducir plazos, pero puertas adentro en diversos despachos de la justicia, la iniciativa encendió luces de alerta y una pregunta recurrente: “¿Las nuevas reglas garantizarán transparencia?”.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, acordó con el presidente Javier Milei firmar en los próximos días el Decreto a través del cual se modificarán los requisitos para la designación de integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros de la Corte Suprema.
El fin de semana crecieron las especulaciones según las cuales los cambios fueron impulsados luego de una supuesta reunión del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti con el presidente Milei. Ante la consulta de Clarín, desde la Casa Rosada y la Corte desmintieron ese supuesto encuentro.
Fuentes oficiales explicaron a este diario que las modificaciones buscan acelerar el proceso de cobertura de cargos. Hay que recordar que desde que Javier Milei asumió el poder, durante dos años no se cubrió ni un solo cargo de jueces, fiscales ni defensores oficiales, lo cual sólo incrementó la crisis de los sillones vacíos.
Aquella parsimonia se convirtió en vértigo: una fuente del Ministerio de Justicia dijo a este diario que ahora «hay instancias duplicadas que son innecesarias. Por eso, Mahiques llevó al Jefe de Estado la propuesta de reducirlas, con la vista en futuras designaciones. «No las de corto plazo”, señalaron fuentes que siguieron de cerca la letra del futuro Decreto.
Un dato a tener en cuenta: el Consejo de la Magistratura, responsable de armar las ternas que se envían al Poder Ejecutivo para la cobertura de puestos judiciales, en los últimos dos meses ya dirigió 35 nuevas ternas que incluyen cargos sensibles en Comodoro Py, el fuero donde se investiga la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico.
Allí se tramitan los expedientes más sensibles para la administración libertaria: ANDIS, Libra, las causas contra Manuel Adorni y los créditos hipotecarios del Banco Nación, entre otras.
Los cambios que impulsa el gobierno
¿Qué se modificará en la selección de jueces? En primer término, se eliminan instancias administrativas previas a la nominación presidencial, “las cuales guardan similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado de la Nación”.
Una de las dudas inmediatas es si estos cambios se aplican exclusivamente a la selección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que hoy cuenta con tres de sus cinco miembros. Fuentes judiciales y oficiales coincidieron en señalar que “abarcan a todo el Poder Judicial fuero federal, nacional como también a la Procuración General de la Nación”.
Los cálculos más conservadores exponen que para septiembre próximo el Ministerio de Justicia habrá remitido al Consejo más de un centenar más de pliegos. Ya fueron enviaron 176 (74 tuvieron aprobación) y Mahiques espera terminar el año con 250 pliegos enviados. Son más de 313 los cargos vacantes en el Poder Judicial, fiscalías y defensores oficiales.
En el Gobierno dicen que, ante ese panorama, buscan reducir los quince días que rigen desde la publicación en medios nacionales para que la ciudadanía impugne -o no-, esas designaciones. “La pregunta es si esta reducción garantiza transparencia y no terminará judicializándose”, señaló una fuente judicial a Clarín. De hecho, en Comodoro Py hay quienes creen que no es “el mejor momento para este debate”, en medio de las causas judiciales contra Manuel Adorni, “porque pone en discusión si habrá transparencia en el proceso, cuando se viene la cobertura de cargos del fuero federal penal”.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la posibilidad de presentar impugnaciones se mantienen cuando los pliegos ingresan a la Cámara Alta. Sin embargo -replican en algunos despachos- si eso es suficiente “las organizaciones no gubernamentales que suelen mirar con atención los pliegos podrían judicializar esta medida, que quita una instancia de participación”, indicó un alto funcionario judicial.
Al respecto, reiteraron fuentes oficiales, “no se suprimen mecanismos de publicidad transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados, que se encuentran garantizados mediante el procedimiento constitucional y reglamentario del Senado de la Nación”. Sólo que la posibilidad de hacerlo previo a la remisión a la Cámara Alta ya no estaría.
El detalle de los cambios a impulsar es amplio. Desde el Gobierno explicaron que se eliminará la “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. La explicación indica que ya se encuentran previstas en el procedimiento constitucional y reglamentario del Senado de la Nación.
Entre las modificaciones analizadas por el Ministerio de Justicia se incluyó la conformación de un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de “cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos de los magistrados de las diferentes instituciones e instancias”.
Para el Gobierno, este mecanismo simplificado permitirá “modernizar el sistema de publicación a la dinámica actual de comunicación y tecnologías disponibles”, entienden que estos cambios van a reducir los plazos de comunicación y se incorpora la publicación en la página oficial del ministerio de justicia.
Según pudo constatar Clarín de fuentes judiciales y oficiales, los cambios no fueron consultados con el Poder Judicial ni con la Procuración General de la Nación.
Respecto a las obligaciones impositiva de los candidatos, se establecerá un plazo para que el ARCA informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos, y vinculado a este punto “se establece un plazo de cinco días para que los concursantes presenten las declaraciones juradas de la ley de ética pública 25.188”.
El Gobierno considera que así se estará ahorrando “tiempo para que el trámite sea más expedito”, y que se “mantiene como autoridad de aplicación el Ministerio de Justicia”.
No será obligatorio designar a mujeres en la Corte
Entre las modificaciones impulsadas se plantea que no será obligación la designación de una mujer como integrante del Máximo Tribunal, un aspecto que dentro de la justicia señalaron como un punto “que va a traer discusión”, sobre todo teniendo como antecedente de que, en el fallido intento de cubrir los dos sillones vacíos de la Corte, Milei sólo propuso a dos hombres: el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García-Mansilla.
Para algunos integrantes del Poder Judicial, ese «es el cambio más controvertido, por lo que representa” en los tiempos que corren.
El Jefe de Estado fue criticado por no haber contemplado la posibilidad de que la Corte sea completada con mujeres, siendo -sobre todo- que uno de los sillones vacíos actualmente es resultado de la salida de Elena Highton de Nolasco. “Con esta modificación, el Presidente puede encontrar el respaldo institucional para no sentirse en la obligación de designar una mujer”, expresaron fuentes judiciales.
Desde la Casa Rosada reiteran que la cobertura de los puestos vacantes en el Máximo Tribunal no es un tema de la actual agenda.
