Tras siete meses de investigación y una serie de allanamientos en distintos puntos del país, la Policía Federal desarticuló una banda de hackers que se dedicaba a robar y luego vender datos sensibles de la administración pública nacional y del sector privado. En los operativos detuvieron a cinco hombres, una mujer y un adolescente de 15 años.
Entre los registros afectados, organismos sensibles: PAMI y el RENAPER. La información que vendían en el mercado ilegal era utilizada para después cometer “estafas, extorsiones, amenazas y otras maniobras ilícitas”, según informaron oficialmente.
La investigación estuvo en manos de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo de Ramiro González, quien desde octubre está detrás de una organización acusada de cometer delitos informáticos. La clave estuvo en el análisis de varias cuentas de Telegram que se utilizaban como un canal para ofertar los “activos de información”.
En ese contexto, los investigadores lograron identificar y preservar las pruebas relacionadas con los perfiles falsos comercializados en ese canal virtual de mensajería.
De acuerdo con la información oficial, el grupo recurría a «herramientas de automatización» para proveer el acceso libre a la información robada a sus clientes, que luego continuaban con la cadena delictiva virtual.
En su operatoria, sustrajeron datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), historiales clínicos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), antecedentes penales y credenciales de acceso a las plataformas Mi Argentina y del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).
El grupo usaba billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos «para organizar y redistribuir los activos provenientes de estas operaciones ilícitas». Entre los integrantes de la banda, incluso había quienes actuaban como «mulas digitales».
Además de la identidad de los implicados y del rol que cumplía cada uno, de la investigación surgió que esta estructura estaba vinculada de forma operativa y compartía integrantes con una organización criminal transnacional desarticulada en octubre del año pasado.
Con este escenario, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Sebastián Roberto Ramos, dispuso la realización de 11 allanamientos realizados en las localidades bonaerenses de Alejandro Korn, Bosques, Luis Guillón, José C. Paz y Moreno. También se realizaron operaciones en la Ciudad; en Córdoba; en Chaco; en Entre Ríos; y en las capitales de La Rioja y San Juan.
Producto de los allanamientos se secuestraron 14 teléfonos celulares, cuatro tarjetas de débito, tres notebooks, seis computadoras, cuadernos con anotaciones, un disco externo y pendrive, una tablet, dos discos SSD, un point de Mercado Pago, un módem, un router y demás elementos de interés para la causa.