WASHINGTON (AP) — El Comité Nacional Demócrata presentó una demanda el miércoles contra el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por recientes anuncios televisivos electorales pagados con dinero de los contribuyentes.
La denuncia, presentada ante el tribunal para el Distrito de Columbia, sostiene que los anuncios son propaganda ilegal patrocinada por el gobierno y acusa a Trump de ordenarlos personalmente. Solicita al tribunal que declare ilegales los anuncios y que detenga el uso de fondos federales para pagarlos.
Trump ha enfrentado críticas por los anuncios, que lo glorifican a él y repiten el discurso de su campaña, mientras los votantes empiezan a emitir votos anticipados para las elecciones de mitad de mandato.
Los anuncios, que comenzaron a emitirse en septiembre, ya han costado más de 12 millones de dólares, según la firma de monitoreo de medios AdImpact, y se han utilizado en total 20 millones de dólares de fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para pagarlos.
Trump defendió el lunes los anuncios, diciendo que eran una “promoción positiva para nuestro gran Estados Unidos”, aunque afirmó que en adelante los pagará con su super-PAC: MAGA Inc.
Pero el martes comenzó a emitirse el quinto anuncio de la campaña con el aviso “pagado por el gobierno de Estados Unidos”, en el que se promocionan las acciones militares de Trump en Venezuela a principios de este año. Trump dejó claro el martes que no se ha comprometido a reembolsar el dinero que ya se ha gastado, y declaró ante reporteros que “lo decidiremos”.
El presidente del CND, Ken Martin, manifestó en un comunicado que Trump está haciendo un uso indebido del dinero de los contribuyentes en “un intento desesperado de última hora por salvar a los republicanos en noviembre”.
“Los estadounidenses merecen algo mejor que ver cómo sus impuestos, pagados con tanto sacrificio, se usan para los planes ilegales de Trump”, añadió.
Una persona familiarizada con la campaña que no estaba autorizada a hablar públicamente dijo que las compras de anuncios realizadas antes de la promesa de Trump de empezar a pagarlos con su super PAC terminarán esta semana. Luego, grupos externos comenzarán a pagar, aseveró la persona.
Expertos legales han indicado que los anuncios infringen una ley federal que prohíbe que el dinero asignado por el Congreso se utilice para “publicidad o propaganda”, y posiblemente otras leyes federales. El dinero del DHS utilizado para los anuncios proviene de un paquete de 175 millones de dólares que el Congreso otorgó al departamento como parte de la agenda migratoria de Trump.
La Casa Blanca dice que los anuncios son mensajes de servicio público, similares a los que administraciones anteriores han difundido para promover diversas políticas. Expertos legales han dicho que los anuncios recientes difieren de muchos mensajes de servicio público anteriores porque no buscan ayudar al público a beneficiarse de programas gubernamentales específicos.
Los demandados en la querella incluyen a Trump, la Casa Blanca, el DHS y la Oficina de Administración y Presupuesto. La Casa Blanca remitió una consulta enviada por correo electrónico a los comentarios de Trump sobre el uso de su super PAC para pagar los anuncios. Las otras agencias no respondieron a las solicitudes de comentarios.
