El Senado dio media sanción al nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, en una votación que terminó con 41 votos afirmativos y 25 negativos, y ahora pasó a Diputados. Entre los puntos destacables, la iniciativa establece que el biodiésel pase del 7,5% al 10% en el gasoil y que el bioetanol suba del 12% al 15% en las naftas, se establece un mercado electrónico sin la participación del Estado en cupos y precios y los exportadores podrán participar del mercado interno de biodiésel.
El senador catamarqueño Flavio Fama, uno de los defensores de la iniciativa, planteó que el objetivo es dejar atrás un modelo de fuerte intervención estatal y avanzar hacia un sistema más abierto y competitivo. Según explicó, el aumento de los cortes debería traducirse en una mayor demanda de materias primas nacionales, más agregado de valor y actividad industrial y una mayor sustitución de combustibles fósiles.
Sin embargo, el cambio en las reglas de juego el el biodiésel, donde las empresas imtegradas (exportadoras) ingresan en el mercado interno que hoy están solamente las no integradas (pymes), encontró resistencia especialmente en las provincias donde están radicadas pequeñas y medianas plantas de biodiésel.
Así, cuando el corte alcance el 10%, la participación de las pymes será del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará dentro de un segmento de negociación libre. El cronograma contempla luego una reducción progresiva de la participación de las empresas no integradas: será del 5,5% en 2029, del 5% en 2030 y del 4% en 2031 hasta 2036.
El senador pampeano Daniel Bensusán fue uno de los que cuestionó el capítulo específico de este combustible. Durante su intervención puso en duda la necesidad de reemplazar la Ley 27.640 y defendió el funcionamiento del régimen vigente. Según señaló, actualmente existe un mercado interno de unas 900.000 toneladas, que sostiene alrededor de 1.500 empleos directos y más de 8.000 indirectos.
También destacó el vínculo de esas plantas con más de 400 extrusoras que abastecen a las pequeñas y medianas elaboradoras del interior. Para Bensusán, se trata de un entramado industrial que permitió agregar valor a la producción agropecuaria y desarrollar actividad económica lejos de los principales puertos.
El problema, según planteó, es que esas empresas no parten de las mismas condiciones que las grandes compañías integradas. Las plantas ubicadas en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires tienen mayores costos logísticos por su distancia de los puertos y, al mismo tiempo, enfrentan un escenario internacional más complejo.
Patricia Bullrich también defendió una transición prolongada para estas empresas, con horizonte hasta 2036. La senadora sostuvo que las pymes necesitan tiempo, volumen y previsibilidad para adaptarse a un mercado más abierto y competir en nuevas condiciones.
El proyecto, explicó, también apunta a que esas compañías puedan avanzar en procesos de transformación e integración. A la vez, establece límites para evitar una concentración excesiva dentro del segmento de biodiésel no integrado. Según Bullrich, ninguna empresa podrá superar el 10% del biodiésel comercializado, con un máximo de 50.000 toneladas.
En el caso del bioetanol, en cambio, el aumento del corte encontró una defensa más amplia entre los representantes del norte argentino. La tucumana Beatriz Ávila destacó el impacto que la industria tuvo sobre la cadena azucarera y recordó que Tucumán fue escenario, en 1978, del Plan Alconafta.
Según Ávila, mientras aquella experiencia fue discontinuada, Brasil avanzó en el desarrollo de los biocombustibles. En Tucumán, sostuvo, la superficie cultivada con caña aumentó 50% en los últimos 15 años y la producción de alcohol se triplicó. También afirmó que el uso de bioetanol permitió evitar importaciones de nafta por US$ 652 millones durante 2025.
La senadora consideró que llevar el corte al 15% representa un avance, aunque recordó que había planteado una meta del 18%. Para Ávila, el nuevo esquema puede aportar mayor seguridad jurídica a una industria que tiene un peso relevante en las economías regionales del NOA.
En la misma línea, el senador Juan Manzur anticipó su respaldo al capítulo de etanol y bioetanol porque, según sostuvo, permite agregar valor a la producción del interior y generar trabajo. Al mismo tiempo, pidió que se alcance un consenso sobre el biodiésel.
También hubo cuestionamientos al eventual impacto sobre los consumidores. Bullrich sostuvo que el incremento de los cortes debe contemplar el costo final de los combustibles y planteó que el efecto no sería igual para el bioetanol que para el biodiésel. “Hay que hacer equilibrio entre la empresa y el consumidor”, señaló.
La senadora agregó que un aumento de los cortes también requiere considerar la adaptación del parque automotor, ya que determinados niveles de mezcla pueden exigir modificaciones en los motores y en las especificaciones de los vehículos.
Además de cambiar el funcionamiento del mercado, la iniciativa amplía el universo de combustibles alcanzados por el régimen. Incorpora biocombustibles de segunda generación elaborados a partir de residuos orgánicos y otras materias primas renovables, además de biogás, biometano, diésel renovable, combustibles sintéticos producidos a partir de agua y dióxido de carbono de fuentes renovables y combustibles sostenibles para aviación.
El nuevo mercado electrónico también contempla regiones geográficas de negociación, una herramienta pensada para tener en cuenta las diferencias logísticas entre las plantas productoras y los centros de consumo o exportación. La intención es evitar que la comercialización quede concentrada exclusivamente en torno a los puertos.
Bullrich resumió el cambio como una modificación en el papel del Estado: mantener el control sobre el cumplimiento de la ley, la calidad, la seguridad y las condiciones de competencia, pero dejar de determinar de manera discrecional quién vende, cuánto vende y a quién.
