Después de anotarse una decisiva victoria en el Congreso, el presidente Donald Trump firmó una ley que otorga 70.000 millones de dólares para la aplicación de las leyes sobre inmigración. La norma asegura financiación completa para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) del cual depende ICE y CBP, las agencias encargadas de controlar la migración ilegal.
“Estoy encantado de firmar la Ley para una América Segura para financiar de inmediato y por completo al DHS hasta el final de mi mandato. Ya no tendremos que seguir hablando de ello”, dijo el presidente a los periodistas en el Despacho Oval, donde le puso la firma a la normativa.
Los fondos se suman a los casi 140.000 millones aprobados en 2025 por el Congreso, de mayoría republicana. Cerca de 38.000 millones irán para ICE, unos 26.000 millones para CBP y unos 5.000 millones para “gastos imprevistos”.
Tom Homan, conocido como “el zar antiinmigración”, prometió una profundización de las operaciones, especialmente en Nueva York, ciudad que vota en gran mayoría por los demócratas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, celebró que «los demócratas no podrán retirar la financiación» durante los próximos años, ya esta rige hasta el verano de 2029.
En el Congreso, los demócratas pidieron más restricciones sobre la forma de operar del ICE, en particular el uso sistemático de una cámara corporal por parte de sus agentes. También se opusieron a asignar más fondos a las agencias sin que se produjeran cambios significativos en su forma de operar, explica el diario El País.
Añade que “la norma impulsa las operaciones de ICE y de CBP sin haberle dado mayores concesiones a los demócratas”.
Un artículo de The Guardian detalla cuál será el uso de los fondos:
• Personal del ICE para hacer cumplir la política de inmigración
• Cooperación entre las fuerzas del orden estatales y locales a través de acuerdos 287(g)
• Permitir a los abogados del gobierno argumentar a favor de las deportaciones
• Cubrir costos de transporte para repatriaciones
• Mejoras en la tecnología de la información
• Gastos generales “necesarios para dar apoyo a la misión”
El diario británico destaca que “entre las disposiciones más controvertidas figuran 350 millones para «gastos necesarios» relacionados con la aplicación de la ley en lugares que no cooperan activamente con los funcionarios federales de inmigración”. Podría referirse a los “lugares santuario”, como los que, según Trump, proliferan en California.
En tanto, algunas de las medidas que exigían los demócratas y no se aprobaron son:
• Exigir que los agentes obtengan órdenes judiciales antes de realizar arrestos en propiedad privada.
• Exigir verificar que una persona no sea ciudadana estadounidense antes de detenerla.
• Prohibir a los funcionarios de inmigración ocultar sus rostros con máscaras.
• Impedir que los agentes elaboren perfiles de posibles objetivos basándose en su ubicación, trabajo, idioma, acento, raza o etnia.
• Retirar del servicio a los agentes acusados de uso excesivo de la fuerza durante una investigación.
• Exigir el uso de cámaras corporales para garantizar la rendición de cuentas, no como mecanismo para rastrear a los manifestantes.
El País agrega que “los fondos llegarán en un momento crucial para el DHS, que cuenta con una nueva dirección después de que Trump reemplazara a Kristi Noem por Markwayne Mullin en marzo.
Mullin, que se ha propuesto sacar a las agencias migratorias de los titulares, insinuó que su departamento desobedecerá aquellos fallos judiciales que considere politizados”.
