WASHINGTON (AP) — Un abogado de tres organizaciones de noticias le dijo a un juez federal el jueves que se debe impedir que el gobierno del presidente Donald Trump prohíba a sus reporteros el acceso a la Casa Blanca, al afirmar que la prohibición es un ejemplo clásico de “discriminación por punto de vista” que castiga a las personas por lo que dicen —y viola los derechos de los medios de comunicación amparados por la Primera Enmienda.
La audiencia fue el más reciente episodio del drama en escalada entre el gobierno de Trump y los medios de comunicación, que se ha librado en diversos frentes durante su segundo mandato. En el fondo, sin embargo, hay múltiples interrogantes sobre la libertad de expresión. La disputa ha derivado en sanciones y restricciones para reporteros de la Casa Blanca y del Pentágono, y ha dado lugar a varias demandas que avanzan en el sistema de tribunales federales.
El juez de distrito Timothy Kelly señaló que tenía previsto fallar a más tardar el martes, posiblemente antes, sobre si extender su orden anterior que restableció el acceso a la Casa Blanca para periodistas de MS NOW, CNN y Politico. Conceder la solicitud de los medios de una medida cautelar preliminar preservaría el statu quo —el acceso— hasta que se resuelva el litigio.
Kelly, nominado por Trump, no dijo cómo piensa resolver, pero describió argumentos clave del gobierno como “una cuesta arriba” y “una tarea difícil”. El juez también desafió a un abogado del gobierno a precisar cuáles son las preocupaciones de seguridad nacional que, según el gobierno, están en juego.
“Siempre hemos sido claros en que no se trata solo de seguridad nacional”, manifestó el abogado del Departamento de Justicia Michael Velchik, al sostener que los reportes falsos pueden influir en la política y afectar negativamente la seguridad nacional.
“No le molestan las notas negativas si se las merece. Tiene problemas con la difusión de falsedades verificables”, dijo Velchik acerca de Trump
Theodore J. Boutrous, abogado de los medios demandantes, afirmó que el gobierno seguía discriminando puntos de vista y el tipo de cobertura que no le gusta.
Boutrous declaró ante el tribunal: “No le gusta el escrutinio de sus políticas, no le gusta la cobertura, quiere más prensa favorable”. Eso es una restricción del discurso basada en el contenido y una violación clara de la Primera Enmienda constitucional, sostuvo.
Velchik indicó que algunos de los problemas que la Casa Blanca tiene con la cobertura de las organizaciones vetadas incluyen “citas que en realidad no se dijeron”, el uso de fuentes anónimas y el montaje de entrevistas para insertar preguntas distintas de las que realmente se le hicieron al entrevistado. “Sí creo que hemos identificado acusaciones específicas para cada medio en particular”, expresó.
La audiencia estuvo disponible para los medios y el público mediante un número de acceso público, pero el audio a menudo era tan tenue que resultaba ininteligible.
La saga de tres semanas continúa El caso está en curso desde el mes pasado, poco después de que Trump prohibió a los medios el acceso a los terrenos de la Casa Blanca, al decir que objetaba su cobertura.
Las organizaciones de noticias buscan un alivio de más largo plazo hasta que se resuelva todo el caso, y una orden de restricción temporal estaba por expirar el jueves. Pero el juez la extendió hasta el martes y dijo que para entonces pretende decidir si emite la medida cautelar preliminar.
La audiencia ante Kelly se realizó casi tres semanas después de que CNN, MS NOW y Politico fueran expulsados abruptamente de los terrenos de la Casa Blanca, mientras el presidente denunciaba sus “noticias falsas”. Un portavoz de CNN dijo que se le permitió a la cadena cumplir sus funciones de “pool” el martes, y que su próxima asignación está programada para el domingo.
Aunque los periodistas pudieron regresar por orden de Kelly, el gobierno continuó excluyendo selectivamente a CNN de sus funciones en el “pool” de transmisión de la Casa Blanca. Un portavoz de CNN dijo que se le permitió a la cadena cumplir sus funciones de “pool” el martes, y que su próxima asignación está programada para el domingo.
Kelly había concedido una orden de restricción temporal por dos semanas contra la prohibición, pero vence el jueves. Los medios han pedido al tribunal que suspenda la prohibición hasta que se resuelva el caso, al afirmar que el gobierno ha “persistido en implementar su prohibición de manera impredecible e inconsistente” pese a la orden de restricción —incluido impedir selectivamente que CNN participe en las funciones del “pool” de la Casa Blanca.
“Las palabras y acciones de la Casa Blanca dejan pocas dudas de que reinstaurará de inmediato una prohibición total contra CNN, MS NOW y POLITICO si se le da la oportunidad”, escribieron los abogados de las cadenas en un escrito presentado el 28 de septiembre.
Lo que está en juego es si el presidente, o cualquier persona, puede castigar a medios de comunicación por el contenido de sus reportes. Las organizaciones de noticias sostienen que hacerlo constituye “discriminación por punto de vista”, prohibida por las protecciones de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Trump insiste en que no tiene por qué permitir el acceso a los terrenos de la presidencia a medios cuyos reportes no le gustan. “Cuando se trata de la Casa Blanca, es la casa del pueblo”, dijo recientemente en ABC el fiscal general Todd Blanche, al invocar un argumento que el gobierno ha sostenido desde el inicio. “Estar allí es un privilegio, no un derecho”.
Las organizaciones de noticias sostienen que ese enfoque viola las enmiendas de la Constitución que protegen la libertad de expresión y el debido proceso.
