A pedido de los supermercados, el Gobierno reforzará los controles para combatir la evasión fiscal de autoservicios chinos y comercios de barrio.
El planteo surgió en una reunión a principios de julio entre representantes del sector; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Si bien es una cuenta pendiente desde hace décadas, la informalidad preocupa a las grandes cadenas en medio de la caída de ventas, así como también al Estado por la pérdida de recaudación.
El consumo acumula siete meses negativos y en junio bajó casi 3%, pese a que algunos rubros se beneficiaron con el Mundial, según la consultora Scentia. Los supermercados, que protagonizaron la mayor baja últimamente, aminoraron la caída el mes pasado, pero siguieron en rojo, con una retracción de 2,6% frente a junio de 2025 y una merma de 0,9% respecto de mayo.
En tanto, en junio, la recaudación volvió a registrar una caída real en torno a 7,4% interanual, calculó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base a los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Prueba piloto de fiscalización de ARCA
En este contexto, ARCA prepara una prueba piloto de fiscalización similar a una que propuso la cámara sectorial, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), e inspirada en una idea de 2019, que finalmente no prosperó, de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP), cuando Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gobierno porteño y al frente del organismo estaba Andrés Bellota.
“Con herramientas más desarrolladas que entonces, como Inteligencia Artificial, se está armando una fórmula polinómica que permitirá una estimación ajustada de las ventas en toda la cadena de comercialización”, anticiparon.
Se buscará detectar inconsistencias en la tributación e irregularidades en el cumplimiento de las leyes laborales, sobre todo de comercios que se manejan con efectivo, no entregan ticket y subdeclaran; y de aquellos que no tienen a sus empleados registrados o los tienen por menos carga horaria de la que efectivamente hacen. En ese sentido, se realizará una trazabilidad.
Los supermercados se quejan de que esta situación les genera una competencia desleal y afecta a las empresas proveedoras, entre fabricantes y distribuidores. Argumentaron que en 1999, antes de la crisis del 2000, concentraban 50% del consumo masivo y que ahora esa proporción se encuentra en 33%, lo que se debe no solo a los cambios en los hábitos de compra, sino a la falta de eficiencia en los controles.
Graficaron que, en cambio, en otros países de América Latina ganaron mercado en los últimos 25 años. Allí, las grandes cadenas pasaron de representar a menos del 50% de las compras básicas y hoy llegan a 65%, el doble de la participación que tienen actualmente en la Argentina.
A su vez, agregaron que el costo laboral supone más de la mitad de todos los costos que afrontan por operar en la legalidad y apuntaron que el problema es principalmente con los supermercados chinos, que cambian constantemente de CUIT.
Según pudo saber Clarín, en un operativo de ARCA en 92 chinos del Interior hace 10 días, en el que participaron 18 direcciones regionales, se detectaron irregularidades de facturación en 36 (39% de los casos) por no emitir comprobantes de compra, no aceptar medios de cobro electrónicos, no justificar la tenencia de mercadería y no poseer el controlador fiscal de reporte de ventas, entre otras razones.
Asimismo, 75% de los establecimientos relevados tenía trabajadores con irregularidades: no declarados, sin alta temprana, sin CUIL, con remuneraciones y fechas de ingreso diferentes, y que perciben el sueldo sin recibo.
Más controles de provincias
Así, se busca que las provincias también refuercen los controles. AGIP persigue el objetivo de aumentar la recaudación de Ingresos Brutos en comercios de proximidad, unos de los que presentan el mayor nivel de evasión en la Ciudad. La idea es ampliar la base de estos contribuyentes.
Y en su estrategia de concentrarse en sectores de alta capacidad contributiva para no multiplicar controles de forma indiscriminada, la Provincia también hizo foco en el rubro para inspeccionar “con más intensidad donde existe mayor poder de mercado, volumen de operaciones y más capacidad económica para cumplir”, señaló la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), que lanzó procedimientos físicos y remotos que integran información y segmentan contribuyentes para monitorear la inscripción tributaria, las declaraciones juradas, el respaldo documental de la mercadería y la consistencia entre compras, ventas e ingresos.
En el primer semestre, el comercio mayorista y minorista concentró 42,5% de la recaudación generada por ‘Fiscalización Remota’, el mayor porcentaje entre todos los sectores. Se controlaron 27.601 camiones, 53,6% vinculados a comercio e industria.














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