La orden de Javier Milei de «no aflojar» tuvo eco puertas adentro. Después de más de 63.000 despidos en el sector público en dos años, el Gobierno avanzó en nuevos recortes y reajustes de fondos en un intento por mostrar que la motosierra sigue activa. Federico Sturzenegger buscó ponerse a la cabeza, aunque enfrentó algunos obstáculos y roces con las áreas que dependen del Ministerio de Economía y el de Capital Humano, a cargo de Luis Caputo y Sandra Pettovello.
El nuevo achique del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fue una de las decisiones que aparentemente generó ruido interno. El ministro de Desregulación celebró el jueves la eliminación de 1.000 servicios de ensayos en laboratorios que podrían provocar 700 despidos, y agradeció a Pablo Lavigne, el coordinador de Producción y hombre a cargo del INTI dentro de Economía. Su plan, sin embargo, era otro.
Según fuentes del instituto, el «coloso» pretendía eliminar el doble de servicios y unos 1.500 empleados. Hubiera significado barrer con la mitad de la plantilla de 2.300 personas y desarticular el instituto. Producción le aceptó menos, pero igualmente hubo protestas de los trabajadores. En Desregulación aseguran que «la decisión parte del análisis de los servicios prestados junto al organismo». En el INTI, no respondieron la consulta de Clarín.
La resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial afecta los ensayos en alimentos y detección de contaminantes (Salmonella, Escherichia coli y Listeria); estudios de calidad del agua y efluentes industriales; de contaminantes críticos y tóxicos (metales pesados, hidrocarburos, residuos de fármacos), resistencia de materiales en la construcción; mecánica, envases plásticos y materiales industriales; electrónica y software; seguridad automotriz; seguridad contra incendios; y análisis de combustibles, entre otros.
La norma señala que la cesación de servicios se funda en la «baja demanda» de los mismos o porque «poseen oferta privada». El INTI dijo que «se solapaban con servicios prestados por el sector privado», mientras Sturzenegger aseguró en un extenso tuit que ofrecía los servicios a un precio «muy bajo», lo cual «era un subsidio a ciertas empresas financiados por todos nosotros». Y argumentó que la «movida» devuelve la actividad al sector privado y elimina un «tapón».
La medida firmada por las autoridades del INTI -sin experiencia en la industria ni en tecnología- podría tener un costo imprevisto. Los subgerentes del organismo ya alertaron que no solo pone en riesgo 700 empleos, sino la producción y la «seguridad de la población». Como no existe una empresa privada que realice los ensayos del INTI en su totalidad, los fabricantes de envases plásticos utilizados para conservar alimentos y bebidas en productos que llegan a las góndolas, por ejemplo, deberán realizar decenas de análisis en diferentes laboratorios, y aún así podría resultarles imposible reemplazar al organismo. Reciclar, uno de los proveedores de botellas de Coca Cola, dependía de los ensayos estatales.
La avanzada de Sturzenegger podría sumar trabas también a organismos que dependen de la secretaría de Agricultura, a cargo de Sergio Iraeta y bajo control de Caputo. En el gobierno reconocen que hay varios ensayos que hacía el INTI que no hay nadie más que los cubra, muchos relacionados al registro de alimentos y envases que después las empresas lo presentaban para registrar en el Senasa, el órgano encargado de fiscalizar y certificar la sanidad animal y vegetal.
La sombra del ministro desregulador volvió a merodear los pasillos de Economía en las últimas semanas. Alejandro Tamer, un funcionario de su riñón, estuvo controlando a los directores de Caputo y examinó los «ravioles» tras el recorte y fusión de áreas. Cuando los empleados le consultaron por los últimos 31 despidos, el viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que lo hacía «por el país y los pobres», que el pase a disponibilidad «no existe en otros países» y que los ajustes «están en estudio por la gente de Sturzenegger». «Esto no se termina acá, hay una línea directriz del gobierno a la que adherimos», agregó el subsecretario de Administración, Gabriel Crugeiras.
La secretaría de Trabajo es otro de los escenarios donde hubo chispazos semanas atrás. Aprobada la reforma laboral en febrero, Desregulación avanzó en marzo en su plan de correr al Estado de su intervención en las relaciones laborales, con la excepción de la pauta y el tope sobre las paritarias que las firma Julio Cordero pero las establece Caputo. La idea era eliminar las cuatro direcciones regionales y las 43 agencias territoriales, encargadas de atender trámites de empleo, brindar capacitación laboral y asistir a trabajadores, sindicatos y empleadores.
Las resoluciones internas, que estimaban un ahorro de $ 1.407.713.491 por año, generaron protestas y asambleas de los trabajadores. Pero nunca llegaron a ver luz. Doce de las agencias que iban a ser eliminadas se encuentran en la provincia de Buenos Aires, donde pisa fuerte el armador territorial Sebastián Pareja. Así todo, el achique habría quedado en suspenso por el equipo de la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello. Cerca de la ministra no hicieron comentarios. En otros despachos reconocen que «no era el momento ideal», en medio de despidos en la industria y la construcción y con la inflación acelerando.
Quienes conocen a Pettovello afirman que es muy celosa de su estructura. Una de las pocas áreas que decidió preservar es la de formación profesional, desde donde impulsa los cursos virtuales para que los ex-beneficiarios del programa Volver al Trabajo usen sus vouchers para capacitarse, desde que en abril eliminó la asignación mensual de $ 78.000. Aunque no figura en el organigrama, desde febrero, la subsecretaría quedó a cargo de Atilio Catelli, miembro del Instituto para el Crecimiento, una fundación presidida por Miguel Ponte, exfuncionario de Mauricio Macri y exhombre del grupo Techint.
La ex productora periodística recuperó el mes pasado el control total de la ANSeS, con la renuncia de Fernando Bearzi, el hombre de Caputo que estuvo a cargo poco más de un año. Con su salida, se convirtió en el tercer funcionario en dejar ese puesto en la gestión de Javier Milei, y Pettovello designó a Guillermo Arancibia. Su ladero era el número dos en el organismo, pero en los hechos era quien dirigía todo, desde las unidades de atención (UDAI) hasta el manejo de la caja de los fondos de jubilados y beneficiarios.
