Luego de reiteradas idas y vueltas por los intentos del kirchnerismo para que no sea investigada, la causa conocida como Pacto con Irán -que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y gran parte de su gabinete- lleva meses a la espera de definir cuándo se hará el juicio oral. Pese a la orden de la Corte Suprema de Justicia a finales de 2024, el caso sigue en espera por reclamos de más recursos, medidas de prueba en curso y pedidos de las defensas.
Este debate de impacto mundial por los hechos juzgados que se encuentran vinculados al presunto encubrimiento del mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina, está a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos.
Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales explicaron que hay más de 300 testigos ya aceptados para las audiencias, sin embargo “hay medidas de prueba en curso, preliminares de cara al inicio del juicio”. Según pudo saber este medio, fueron pedidas cuando la Corte reabrió el caso y se impulsaron para cumplir con varias solicitudes de las defensas.
Sin la conclusión de esas medidas, el debate “no podrá comenzar”, indicaron otras fuentes allegadas al expediente elevado a juicio oral desde 2018.
A esa circunstancia se suma otra: un pedido de recursos humanos a la Corte Suprema de Justicia. “Semejante juicio no se puede encarar con un solo funcionario como se estuvo durante mucho tiempo. Se pidió más personal”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. La respuesta fue menos contratos de los planteados como necesarios para imprimir celeridad a esta instancia preliminar.
En el juicio se analizara el supuesto intento de encubrir a los imputados iraníes acusados de como autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, hecho que denunció en el 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. El atentado fue perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.
La causa fue elevada a juicio oral en 2018 y estuvo sin mayores avances, radicada en el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), que el 7 de octubre de 2021 firmó el sobreseimiento de la entonces vicepresidenta y los demás acusados, al considerar que había elementos nuevos que se incorporaban al caso, una de las excepciones que el Código Procesal Penal contempla para anular un caso y no realizar el juicio, la tarea por naturaleza de los Tribunales Orales.
Después de que la Cámara Federal de Casación revirtiera aquella resolución, el expediente se reabrió y se sorteó un nuevo Tribunal, apartando a los jueces Daniel Obligado, José Michilini y Gabriela López Íñiguez, que había firmado el cuestionado sobreseimiento.
Lo que se remarcó cuando la Casación reabrió el caso, y que la Corte avaló, es que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman se basaba en una hipótesis delictiva, es decir que no apuntaba contra la potestad del Poder Ejecutivo de firmar un Memorándum de Entendimiento. Lo que se cuestionó fue la intención que persiguió tal medida bajo la presunción de que respondió al presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes responsables del atentado terrorista de la AMIA.
Uno de los primeros argumentos rebatidos que impulsa la realización del juicio fue la idea manifestada por Cristina Kirchner sobre el hecho de que el Pacto con Irán era sólo una política de Estado que no debe judicializarse. Al respecto, el camarista de la Casación Diego Barroetaveña aclaró que “deben descartarse los argumentos vinculados a que las conductas atribuidas a las personas imputadas en los requerimientos de elevación a juicio resultaban ser cuestiones políticas no justiciables y que, de ningún modo, desde el inicio del proceso constituían delito”.
En consecuencia, en lo fundamentos de la reapertura del expediente se señaló que en todas las etapas de la investigación la hipótesis del caso “era delictiva, por lo que ello basta para poner en marcha el engranaje procesal, sin perjuicio de lo cual dicha hipótesis deberá someterse a prueba en la etapa de juicio”.
El 7 de diciembre de 2017, el fallecido juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner. En aquel momento la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. Según la justicia, Cristina y varios de sus funcionarios diseñaron un «plan criminal» para «dotar de impunidad» a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.
Para la Justicia, el pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.
Los acusados son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Allan Bogado. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.
